La Audiencia ordena investigar a once guardias civiles por posibles torturas a un CDR detenido en la operación Judas

La resolución, fechada el pasado 22 de mayo, recoge que la instrucción llevada a cabo hasta la fecha ha sido «pésima». Fue la entidad Alerta Solidaria la que formalizó la querella, en la que Ros relata que fue coaccionado y amenazado tanto durante las entradas y registros, sin permitirle la designación de abogado, como en el ulterior traslado a Madrid con paradas en las dependencias de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y la comandancia de Tres Cantos.

Sostiene asimismo que durante el traslado fue increpado, se le mantuvo en postura forzada, con un antifaz para que no supiera donde iba y que no se le dejó dormir, pese a las horas de duración de las diligencias y el traslado, y que fue reiteradamente amenazado con detener a miembros de su familia o de la de su novia. Considera así que se vulneraron de forma reiterada sus derechos. Y apunta que su hermano, que sufre una patología mental, estuvo durante diez horas sentado en el rellano de la escalera de su casa, sin poder hablar con nadie, mientras un agente le apuntaba con un arma larga, mientras se practicaban los registros.

A pesar de que el juzgado de Sabadell admitió la querella tras su interposición, lo hizo de forma parcial, ya acordó investigar solo los supuestos delitos correspondientes a su partido judicial. Ahora los magistrados de la Sección 3ª apuntan que «el traslado a la Audiencia Nacional y los hechos que el querellante imputa a los agentes de la Guardia Civil se producen en una clara continuidad delictiva –de resultar acreditados- sin que pueda analizarse lo ocurrido en este partido judicial de lo acaecido en Sant Andreu de la Barca o la comisaría de Tres Cantos ya que la pretendida vulneración de derechos fundamentales que se comunica en la querella y las coacciones y amenazas tienen un evidente carácter continuado».

Es decir, considera la Audiencia que no pueden deslindarse los hechos entre lo ocurrido al inicio en Sabadell y lo siguiente en otros partidos, hechos que, de ser acreditados, «entrañan gravedad al suponer una conculcación de derechos fundamentales de una persona detenida y por ello en situación de clara vulnerabilidad por parte de los agentes encargados de su detención y custodia». Acuerda así admitir íntegramente la querella y ordena que se investiguen los hechos.

Ros, que se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel, por parte de la Fiscalía, por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos, en grado de tentativa. En caso de la acusación popular, la petición se eleva hasta los 33 años de prisión por los mismos ilícitos.

Fue el 23 de septiembre de 2019 cuando la Guardia Civil detuvo a nueve CDR, acusados de planear atentados e incluso asaltar el Parlament. A esos nueve les siguieron cuatro procesados más. Según los investigadores, todos ellos integraban los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Por eso, excepto uno –excluido del proceso penal tras sufrir un accidente vascular–, tendrían que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo aunque, tras su aprobación, posiblemente se beneficiarán de la ley de amnistía.