Los trabajadores piden un inversor que quiera remolacha en La Bañeza

El presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, solicitó «un calendario claro» entre el Gobierno autonómico y el central porque «si se cierra la fábrica de La Bañeza se pierde mucho empleo en una zona en la que no hay trabajo y no se va a abrir nada». «Si hay una posibilidad menor de no cerrar, hay que buscarla, pero no podemos permitir que se hayan cerrado tres fábricas en el lugar en el que está la remolacha», apuntó Pérez, quien advirtió que «si cierra la de la La Bañeza, la de Toro irá detrás», ya que «la empresa apuesta por el azúcar, pero no le interesa la remolacha».

En este sentido, vaticinó que AB Azucarera «inundará el mercado de azúcar por la refinería de Jerez y cuando abra la de Miranda de Ebro», mientas que «en unos años cerrará la fábrica de Toro», ya que «el transporte de la remolacha supone mucho dinero», unos seis u ocho millones de euros, informa Ical.

Por su parte, el miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras, Joaquín Pisabarros, que pertenece a la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo con la empresa, se mostró realista al trasladar que «tenemos que tratar de negociar con la empresa para recolocar a todos los trabajadores en las mejores condiciones posibles y que los que tengan que salir lo hagan también de la mejor manera».

Para Pisabarros, esa negociación, que este jueves celebrará su primera reunión en Madrid, «requiere de unas medidas contundentes en contra de lo que pensamos que no es razonable», por lo que los trabajadores, junto con las organizaciones profesionales agrarias, se concentrarán este viernes, 6 de junio, a las 20 horas en la plaza Mayor de La Bañeza y el próximo martes, día 10, ante las Cortes de Castilla y León.

También asistió a la concentración el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, quien rogó «encarecidamente» al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la de Trabajo, Yolanda Díaz, que «tengan una reunión con los sindicatos para escucharles y que el ERE que se ha anunciado se transforme en un ERTE», porque «sería lo justo para proteger a los trabajadores y para proteger a la provincia».

«No es entendible que donde está el producto y donde puede haber rentabilidad sea la fábrica que se va a castigar y creo que las administraciones tienen que intervenir», afirmó Carrera, quien insistió en solicitarle al Gobierno que «escuchen a los trabajadores, que son los que saben cómo es la situación y los que pueden indicar qué va a ser lo mejor para que haya una verdadera justicia social».