El reto de integrar plantas solares en el medio natural y social

Un 35 por ciento aumentó la potencia instalada de fotovoltaica en 2022. Desde el Clúster de Energía Renovables y Soluciones Energéticas (Cylsolar) consideran que el «despegue del autoconsumo» es el motor de estas cifras, si bien apuntan a que también se deben a los proyectos de parques solares. Aunque con menor auge, cada uno de ellos genera un gran impacto -algunos con capacidad para enganchar a la red 300 megavatios-.

«Castilla y León es un territorio clave» para las empresas que ponen en marcha proyectos renovables. Así lo señalan desde Aquila Clean Energy, una de las principales compañías europeas del sector, que actualmente está desarrollando nueve plantas solares en la Comunidad en Valladolid, Zamora, León, Soria y Palencia. De instalarse todas ellas incorporaría a la red una potencia de 584 megavatios. Con un periodo de desarrollo de ente dos y tres años, podría generar cerca de 2.000 nuevos empleos durante la construcción y en torno a sesenta para su posterior gestión. Unos puestos que tratan de cubrir mediante proyectos de formación en los enclaves en los que se asientan, apunta la compañía, que defiende que se debe de trabajar «de la mano de las comunidades locales» en un contexto en el que estas instalaciones no han estado exentas de polémica.

Así, teniendo en cuenta las controversias en torno a estos parques solares, realiza «primero un análisis social del entorno y si ven riesgo de oposición, valoran cómo seguir adelante, de forma que se puedan alcanzar puntos en común para crear valor compartido». El rechazo lo atribuyen «en muchos casos a la desinformación» y en la mayoría de las ocasiones apunta al miedo al impacto sobre el paisaje y la actividad del sector primario, ante lo cual aseguran que su apuesta es «integrar las instalaciones compatibilizando la planta con los usos tradicionales del terreno, como la ganadería extensiva». Como ejemplo ponen la proyectada en Palencia, cuyo planteamiento incluye cajas nido, refugios y un vallado para el paso de fauna.

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Sin embargo, desde las organizaciones profesionales agrarias dicen sentirse «acorralados», denuncian que ganaderos y agricultores están siendo «expulsados» de tierras en las que desarrollaban su actividad. En esta línea, el año pasado Asaja, COAG y UPA Castilla y León reclamaron una legislación para que la implantación de placas se acote exclusivamente a terrenos no aprovechables para la producción agraria como son zonas tradicionales de cultivo o tierras productivas. La Junta vetó pequeñas instalaciones en zonas de regadíos y soterrar las líneas de evacuación, pero las opas claman por sacarlas del campo por completo.