Castilla y León sella un Pacto social para garantizar que «ninguna familia quede atrás»

Se trata de un «punto de inicio y arranque», consideraba, pero un «paso muy importante» con el que se pretende «blindar la protección» a las familias más vulnerables, pero también a aquellos núcleos «de clase media» que pueden verse en algún «momento temporal» de dificultades por cuestiones laborales o de otro tipo. «Las familias son el corazón de la sociedad y el motor de nuestro futuro», afirmaba convencido el presidente de la Junta. Entre las acciones que contempla el documento se encuentra el impulso de un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía este mismo 2025 para la «activación social» de las personas, sobre todo de los hogares que tengan menores. Además, esta ayuda estará vinculada a la búsqueda de empleo y a la escolarización de los hijos. Y es que el luchar contra el absentismo en las aulas es otra de las metas de este acuerdo en el que, como expresaba Mañueco, todos son conscientes de que la educación es el «mejor ascensor social».

Otro de los puntos que ha tenido el consenso de los firmantes, entre los que figuran entidades como Cáritas, Cruz Roja, Accem, los Bancos de Alimentos, ONCE o Mensajeros de la Paz, es que Castilla y León solicitará de nuevo en el primer trimestre de este ejercicio al Gobierno central que le ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tal y como hacen ya otras autonomías. «Lo podemos mejorar», defendía el líder regional.

En cuanto a la vivienda, subrayaba que se «garantizará» las ayudas al alquiler a aquellas personas cuyos ingresos anuales estén entre el 0,5 y 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que se otorgarán con un «criterio progresivo» para que las de ingresos más bajos puedan recibir mayor porcentaje. Este nuevo criterio deberá ponerse en marcha durante este mismo año, según figura en el anexo del documento, donde además se establece que estos apoyos no podrán «desestimarse por falta de disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de la capacidad económica-presupuestaria de la Ley anual de presupuestos de la Comunidad».

También el pacto establece que se vigilará que las viviendas cumplen con las «condiciones de habitabilidad» y que se incrementarán las plazas para el alojamiento de los colectivos vulnerables gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Además, recoge para este 2025 un nuevo programa de alquiler con la denominación 'Programa Emprendedores' para dotar de viviendas públicas en arrendamiento a zonas rurales con una dinámica industrial o de servicios importante que puede verse frenada por la falta de casas o pisos de este tipo. Dentro de este este mismo área se contempla agilizar el pago del bono social térmico y facilitar la adaptación de domicilios para las personas de movilidad reducida.

Sobre el empleo, se mantendrán los itinerarios de inserción laboral y se buscará una «mejor coordinación» entre las áreas del Gobierno autonómico implicadas, así como con el Tercer Sector y el tejido productivo. En este bloque y también con meta 2025, se prevén líneas de ayuda a las empresas de inserción laboral que contratan personas en situación o riesgo de exclusión social para financiar costes salariales, asistencia técnica e inversiones y la creación de una comisión especializada para trabajar la inserción sociolaboral de personas con mayores dificultades de empleabilidad en el seno del Consejo Regional de Economía Social.

En el apartado más vinculado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el presidente anunciaba que este será el año en el que se ponga en marcha la Historia Social Única, de manera que se agilizarán los procesos y el sistema será «aún más eficaz y personalizado». Junto a esto, arrancará «un servicio de apoyo a la integración socio laboral» de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia, un colectivo para el que también se establecerá un «nuevo programa de preparación para la vida independiente».

Sobre educación, Mañueco garantizaba que los colectivos más vulnerables contarán con los libros de texto gratis, así como servicios de comedor escolar y el programa Madrugadores. Aseguraba, también, que entre los avances que se marcan para el futuro está el de ahondar en el programa de refuerzo que «tantos éxitos está dando» al sistema educativo regional y aseguró que se «consolidarán logros» como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, pero también las ayudas de emergencia o los bonos de urgencia social.

Por último, el pacto contempla un seguimiento y evaluación periódica de los objetivos, así como grupos de trabajo para poner en marcha diferentes acciones.

«Queremos construir una sociedad y un futuro en el que ninguna familia se quede atrás», manifestaba el presidente de la Junta, que consideraba que en la Comunidad existe una «estabilidad» que está permitiendo «avanzar en derechos sociales, prestar los mejores servicios públicos y generar más bienestar a las personas».

El pacto suscrito es un «motivo de satisfacción personal», aseguraba, porque se trata de uno de los compromisos políticos que asumió como presidente, pero también «colectivo». Es fruto, insistía, de la «voluntad de diálogo» con las 45 entidades que han plasmado su firma. Un Tercer Sector que es un «grandísimo aliado» para la administración autonómica, subrayaba, porque son las organizaciones sociales las que conocen «perfectamente» las necesidades de los más vulnerables. Por ello, ha querido agradecer el «trabajo, dedicación, esfuerzo, compromiso y colaboración» de profesionales y voluntarios que trabajan «cada día por las personas de Castilla y León». «Estamos a vuestro lado», garantizaba, «siempre os hemos apoyando para que nadie se quede atrás».