«Más protección» con la inclusión de la violencia vicaria y digital en la nueva ley contra las agresiones machistas

Será a partir de febrero, con el nuevo periodo de sesiones, cuando arranque una tramitación en la que será necesario para la aprobación del texto legislativo el apoyo o la abstención del Grupo Socialista o de Vox. Estos últimos ya dejaron claro que no están por la labor. Más aún, mientras formaron parte del Gobierno autonómico frenaron la elaboración de la citada norma que ahora, una vez superados los oportunos informes, acaba de ver la luz en forma de anteproyecto. Sólo queda, por lo tanto, la opción socialista para que la ley pueda entrar en vigor.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, fue la encargada ayer de explicar el nuevo texto legislativo que, según aseguró, «es el más moderno, actualizado e innovador» y nace con el objetivo de «proteger a las víctimas de violencia de género, a sus familias y a sus entornos», y para crear más y nuevos servicios de atención.

Una de las principales novedades, según informó la vicepresidenta, es la ampliación de la protección a más personas. De esta forma, se cita expresamente a niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con ella. Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellano y leonesas retornadas que hayan sido víctimas en otro país.

Otro de los cambios con respecto a la norma anterior es la tipificación de nuevas formas de violencia de género para adecuarlas a la realidad social. Es el caso de la violencia digital, es decir, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como el ciberacoso; las ciberamenazas; la ciberdifamación; la pornografía no consentida; los insultos y el acoso por motivos de género; la extorsión sexual; el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital; la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red; la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales; la usurpación de su identidad en línea, y las amenazas de violación y de muerte.

Otra de las modalidades incluidas es la violencia vicaria, que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.

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La tercera tipología nueva es la llamada violencia de segundo orden, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecuciones ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas. Además, se establece como un tipo de violencia diferenciada del tráfico y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la propia explotación sexual de mujeres y niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución.

También incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la esterilización obligada y el aborto forzoso que restrinjan el libre ejercicio de estos derechos. En este punto, la consejera de Familia evitó pronunciarse sobre la relación entre el reconocimiento de este tipo de agresión y el polémico 'protocolo antiaborto' que impulsó Vox cuando formaba parte del Gobierno de coalición y que finalmente se quedó en el limbo.

Blanco tampoco quiso contestar a si la aprobación del anteproyecto había sido posible precisamente porque los de Abascal ya no formaban parte del Ejecutivo autonómico. Defendió, sin embargo, que ha sido necesario ir actualizando el texto a los diferentes cambios normativos tanto del Gobierno como de la Unión Europea. En cualquier caso, insistió en su deseo de que la ley salga «fruto del acuerdo» y para ello confió en que logre en las Cortes «el más amplio consenso».

En cuanto a la red de atención, el anteproyecto regula los centros de crisis a través de los que se ofrece información y atención inmediata tanto a las víctimas como a familiares y personas del entorno. Los servicios que se ofrecen en estos centros, de carácter no residencial, se complementan con el centro virtual 'Atiendo' que ofrece atención telefónica y telemática. Precisamente, la consejera de Familia aseguró que el citado centro virtual es el que ha experimentado desde su creación una mayor actividad al contabilizarse unos 2.500 visitantes y más de 4.000 visitas. En cuanto a los de atención presencial, han sito 77 las personas recibidas.