Castilla y León, con plazas para 130 menores migrantes, acoge a 180

Para dar «máxima transparencia» a este asunto, el también consejero de Economía y Hacienda recordó que durante el pasado año fueron hasta 256 niños y jóvenes los acogidos -«no todos a la vez»- en la Comunidad. Después de que el pasado lunes desde la Junta se denunciara «el mercadeo» entre el Gobierno y Junts para fijar el reparto de menores entre las comunidades, Blanco, por su parte, ha advertido de que el sistema «desbordado» y «al límite». La también consejera de Familia aseguró además que el Gobierno de España no ha pedido ningún informe ni ha hecho consulta alguna sobre la capacidad de atención a menores que tiene la Comunidad o el censo real de menores no acompañados atendidos hoy día en Castilla y León.

Tras insistir en que el Ejecutivo central «no tiene una política migratoria», criticó que ceden las competencias «a sus socios independentistas a cambio de imposición al resto de comunidades autónomas». Además,pese a que las simulaciones conocidas apuntan que serían más de 300 los menores que Castilla y León debería acoger, Blanco aseguró no conocer aún datos oficiales, aunque hay «cosas sorprendentes» como la diferencia «entre Cataluña y Castilla y León, o entre el País Vasco y Madrid o Andalucía, por ejemplo», ha finalizado la consejera de Familia.

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Mientras, Carriedo, tras defender «nuestro afán de solidaridad», rechazó «la vía de la imposición» con la que el Ejecutivo central «está acostumbrado a actuar con las comunidad» por los «siete votos» del partido separatista catalán. Respecto a la posibilidad de abrir nuevos centros por el incremento en la llegada de menores no acompañados, afirmó que «no es fácil reaccionar con celeridad a este asunto» pues, argumentó, «no tiene que ver solo con la infraestructura, sino con un servicio de carácter integral, que pasa por dotar de personal, de educadores, formadores…. No es un albergue y ya está, son personas con dignidad», concluyó.

Mientras, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reiteró ayer su rechazo al acuerdo alcanzado en materia migratoria entre el Gobierno y Junts, pero culpó del mismo al Partido Popular, ya que debería ser «mínimamente responsable, sensible y debería tener altura de miras» para atender la problemática de un asunto de Estado como es la inmigración. Tras asegurar sentir «cierta vergüenza» respecto al debate que se mantiene entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el reparto de menores no acompañados, rechazó la «deshumanización» que la clase política hace «de un problema que va de derechos humanos no negociables».

Para el también alcalde de Soria, «la saturación que están sufriendo Canarias, Ceuta y Melilla debemos cubrirlas con la solidaridad desde el punto de vista de la responsabilidad como país». Al tiempo, consideró que se debería hablar de «reubicación y no de reparto» como si los menores fueran «mercancía». Más concreto fue su secretario de Organización, el burgalés Daniel de la Rosa, que consideró «bastante justo» que Castilla y León pasara a acoger 310 menores pese a que tenga capacidad para 130. Por último, desde Vox, tildó al Partido Popular de «socialdemócrata» y preguntó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por qué no recurrió en su día el reparto de menores migrantes no acompañados, lo que precisamente en julio de 2024 provocó la ruptura del pacto entre ambos partidos.