Argüello reclama «una política de Estado de acuerdos» para la «distribución justa» de menores extranjeros

El prelado vallisoletano ha recordado que las dos diócesis de Canarias «están haciendo un esfuerzo enorme», al igual que otras españolas que acogen a los desplazados. En este sentido, se ha referido a los tres criterios por los que se rige la Iglesia en este asunto que pasan por «el derecho a no emigrar», lo que supone «abordar la situación en los países de origen». En este punto, ha aludido al necesario «compromiso de la Unión Europea en su conjunto, con sus políticas de ayuda y de colaboración para que las personas que se ven obligadas a salir de sus propios territorios no tengan que hacerlo».

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El segundo criterio, ha añadido, es el de «abordar la cuestión de las mafias que intervienen en el tráfico de personas, haciendo una oposición radical a las situaciones desgraciadas en la que se comercia con ese sufrimiento». Por último, el tercer criterio tiene que ver con que «una vez que las personas están aquí, nosotros afirmamos la importancia de reconocer la dignidad de las personas y qué decir si son menores».

En resumen, ha insistido el presidente de la Conferencia Episcopal, que la acogida de migrantes debe basarse en «la dignidad humana y el bien común». «La dignidad humana pide que ayudemos a quienes ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas» y el bien común «exige una política de estado de acuerdo entre todos que regule los criterios para los flujos migratorios».

Con todo ello, ha defendido que la situación de Canarias sea «aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad». Ha matizado, no obstante, que, como «cuestión básica y previa, se debería hacer lo posible para que los menores pudieran estar con sus familias».

Luis Argüello ha realizado estas declaraciones durante la firma de un convenio de colaboración con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para la rehabilitación de viviendas en el medio rural. El responsable autonómico también se ha referido al reparto de menores para reclamar al Gobierno de España «una política de estado seria, sin privilegios de unos territorios en detrimento de otros», así como que el asunto se debata en la Conferencia Sectorial de Inmigración.