Los delitos que atribuye la Fiscalía a Tomás Villanueva en el caso de «La Perla Negra»

De acuerdo con el auto del Ministerio Público al que ha tenido acceso ABC, los hechos a los que se le vinculan podrían ser constitutivos de delito de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, «sin que sea descartable» la posible comisión de delito de cohecho y posible blanqueo de capitales.

En un auto remitido al juez el pasado 26 de mayo, la Fiscal Jefe de Valladolid describe todos los hitos de la operación de compra de la «Perla Negra», de la que se investiga si hubo pelotazo urbanístico y en los que participó de una u otra forma el exconsejero de Economía. Se remontan a 2005, cuando Villanueva firmó el acuerdo para autorizar la iniciación del expediente de concurso público para lo que entonces se previa como un arrendamiento con opción a compra de un edificio. De él «parte la primera decisión», sostiene el Ministerio Público.

La posible irregularidad del procedimiento arrancó tan sólo unos meses después, cuando cuatro días antes de que saliera publicado, un estudio de arquitectura ya disponía del pliego de condiciones del concurso para el diseño del edificio, tal y como un responsable del despacho reconoció ante el juez en su declaración. «Y sabía que le iba a reportar importantes beneficios porque no se explica que adquiriera el terreno por 12 millones, cuando su adquiriente previo había pagado 600.000 euros», asegura la acusadora pública. Además la empresa propietaria de los terrenos también inició con anterioridad los trámites para hacerse con el solar, de acuerdo con el auto. La información, considera la fiscal en su escrito, «sólo pudo facilitarse por quien tenía facultad de decisión»: Tomás Villanueva y su exviceconsejero y principal señalado en la causa, Rafael Delgado.

El siguiente punto de inflexión en el que se detiene la investigación es el momento en el que se decide el archivo del expediente de contratación para el arrendamiento con opción a compra por la ADE, el órgano que llevaba entonces la gestión al no solucionarse las objeciones al precio del mercado. Se le reclamaba a la empresa Urban Proyecta una futura tasación que no prosperó. Pero menos de una semana después de esta decisión que el «mismo consejero firmó», se puso de nuevo sobre la mesa y se adjudicó a la misma empresa a través, en este caso en el consejo de administración de la extinta empresa pública Gesturcal, que en ese momento presidía Delgado, «nexo de unión con la Consejería», y que en adelante despachó el proceso que no había podido realizarse a través de ADE por las objeciones y requisitos de la mesa de contratación.

En este punto, la Fiscal apunta a que la Consejería de Economía «no puede ni alquilar ni comprar edificios, es competencia de Hacienda», y que Villanueva obtuvo una «delegación» para el arrendamiento tras solicitarse a la responsable de dicho departamento, Pilar del Olmo, esta opción para agrupar las distintas sedes de su área desperdigadas por la ciudad, pero «nunca obtuvo la delegación de comprar» por la que finalmente se optó, a un precio en el que la Fiscal insiste en destacar un sobrecoste y el pago de algunas facturas que «no deberían haberse abonado». La adquisición del edificio, además, partió del informe de Tomás Machota, que era coordinador de servicios de la Consejería de Economía. De acuerdo con las declaraciones ya prestadas en sede judicial, la Fiscal señala que los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal al que se encomendó la gestión y donde se cambió de alquiler a compra, las decisiones fueron de la «Consejería», «de la Junta» y «del consejero Tomás Villanueva», manifestando uno de ellos -el delegado de la administración autonómica en Valladolid, Pablo Trillo- que incluso «llegó a hablar con el consejero para indicarle lo elevado del precio del alquiler y de la compra, teniendo que acudir al presidente de la Junta -Juan Vicente Herrera- para trasladarle la preocupación por el excesivo gasto, incluso manifestó que todas las negociaciones», aunque fueran llevadas a cabo por sus subordinados, «se hacían bajo las órdenes» del ex responsable de Economía. Trillo aseguró ante el juez que defendió la compra ante lo que consideró un «disparatado» precio de alquiler que era más elevado a quince años que la adquisición total.

El ministerio público solicita que se prorrogue la instrucción de la causa por dieciocho meses, una vez vencido este martes el plazo. Entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre están citados a declarar a doce investigados por la causa, entre los que se encuentran empresarios, asesores y ex altos cargos. Destaca Rafael Delgado, Alberto Esgueva, ex director de Excal(ambos también señalados en la trama de las eólicas), y Begoña Hernández, exviceconsejera.