Alertan de que los ataques del lobo al sur del Duero crecerán un 72%

Tanto que incluso ponen cifras a uno de los grandes perjudicados por la difícil convivencia entre este cánido y la ganadería en extensivo. Según sus cálculos, alertan de que los ataques a al cabaña ganadera se va a «incrementar» en un 38 por ciento al norte del Duero -el espacio en el que tradicionalmente se han podido cazar lobos de acuerdo a un sistema de cupos para cada temporada- y que s e elevará al 72 por ciento al sur del río , donde la especie no es cinegética y ya se acumulan la mayor cantidad de ataques y daños al ganado. Esto a mayores después de un 2017 en el que la conflictividad ya fue al alza, con 1.979 ataques y 2.963 cabezas de ganado muertas.

«Consideramos que los tribunales están impidiendo la aplicación de normas basadas en estudios científicos independientes» encargados por la administración al llevarse por la « influencia ideológico-política anticaza que está intoxicando la opinión pública», denuncian desde la Federación de Caza y las tres organizaciones agrarias en un comunicado conjunto. Lamentan que se esté «dando más credibilidad a los argumentos de parte que esgrimen las organizaciones ecologistas radicales , que recurren sistemáticamente cualquier normativa autonómica sobre agricultura, medio ambiente o caza».

Ven un «despropósito» la interpretación que el Tribunal Superior de Justicia hace para suspender cautelarmente la orden anual, basándose en que esta práctica causaría un daño «irreparable» y que «no» están «acreditados» los posibles daños que el cánido pueda causar, pese a los informes periciales, advierten, presentados.

Desde estos colectivos defienden la «caza reglada» del lobo , «garantizando las densidades de población que los técnicos considere óptima» tanto para esta especie, que consideran «emblemática» y que «hay que conservar como parte del patrimonio faunístico de la Comunidad», como de otras. «Hasta la fecha, así se ha hecho y las poblaciones están en expansión conforme al estudio realizado por técnicos independientes por encargo de la Junta de Castilla y León como base para su Plan Anual de Caza», recuerdan. Inciden en que la normativa busca un «equilibrio» entre el «aprovechamiento» del lobo y la «defensa» de los intereses ganaderos y su conservación.

Desde 2001, la población de lobos se ha incrementado un 20 por ciento en Castilla y León, el territorio español con más ejemplares de «canis lupus», hasta llegar a 1 79 manadas y unos 1.600 ejemplares .

Lamentan, además, que en la población rural, minoritaria frente a la que vive en las ciudades, «es está instalando» una «conciencia colectiva» de que las decisiones que afectan a aprovechamientos tradicionales, su medio de vida y su entorno, «que ha garantizado -subrayan- su conservación durante siglos», se están adoptando «desde posiciones políticas e ideológicas urbanitas influyentes que desconocen totalmente la realidad del medio rural».

Y valoran que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, encabezada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, «apuesta» por el aprovechamiento cinegético del lobo porque «es sensible a las graves consecuencias» que va a tener la suspensión de su caza y, además, «busca procedimientos para su solución en el ámbito de su competencia». Además, organizaciones y agrarias y cazadores reclaman a las Cortes que articulen el procedimiento oportuno para que escuchen «a los ganaderos, los cazadores y otros representantes del medio rural» cómo entienden que se debe abordar la gestión del cánido.