La Castilla-La Mancha «callada» alza su voz contra la despoblación

Pero, callada, lo que se dice callada, no estará precisamente la muchedumbre procedente de esas zonas que este domingo se darán cita en Madrid para alzar la voz en la manifestación convocada por las plataformas ciudadanas de las dos provincias más despobladas, «Soria Ya» y «Teruel Existe». La marcha saldrá a las 12.00 horas de la plaza de Colón para llegar hasta la plaza de Neptuno.

Esta será la primera de las muchas iniciativas que llevará a cabo el movimiento que se conoce como la «Revuelta de la España Vaciada», y a la que invitan a participar a políticos y sindicatos, eso sí, sin ningún tipo de simbología.

Castilla-La Mancha es otra de las regiones afectadas por este fenómeno y, por ello, varios colectivos ciudadanos, asociaciones agrarias como Asaja o COAG e, incluso, el Gobierno regional se han querido sumar a las 80 organizaciones que forman parte de esta iniciativa para denunciar la situación que vive un vasto territorio de esta comunidad autónoma.

De hecho, uno de los miembros de ese Ejecutivo autonómico, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quiso esta semana mostrar su apoyo a la manifestación del domingo, cuya finalidad, a su juicio, «es reivindicar los pueblos y los servicios justos, sociales, de calidad e iguales para todos». Por eso, Martínez Arroyo cree que la región tiene que estar en Madrid «para defender la realidad del medio rural» .

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido uno de los últimos en sumarse a la «Revuelta de la España Vaciada» , pero ya antes las plataformas ciudadanas alzaron su voz, como ha pasado en el caso de la defensa del agua en la región. Asociaciones como Cuenca Ahora, Paisanos de Sancho —de Campo de Montiel (Ciudad Real)—, SOS Talavera y Comarca, La Otra Guadalajara —de Molina de Aragón y su comarca— o Serranía de Guadalajara llevan mucho tiempo avisando de la urgencia de hacer algo contra la despoblación que sufren sus comarcas y provincias, que se desangran sin que ninguna administración ponga remedio.

Uno de esos colectivos, la Asociación Serranía de Guadalajara, muestra su preocupación por el que considera uno de los problemas más importantes que aquejan a su comarca: el imparable declive de las cifras de población que afecta a todos sus municipios desde la segunda mitad del siglo XX y que no tiene visos de modificarse en el siglo XXI, salvo que se ponga un remedio.

Ejemplos de ese descenso de población en la provincia de Guadalajara, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación con los censos de población, son los casos de Majaelrayo, que pasó de 238 a 55 habitantes entre 1950 y 2018; Robledo de Corpes, de 415 a 45, o Retiendas, de 459 a 42 en el mismo periodo. También llama la atención el caso de Hiendelaencina, que en 1857 tenía 4.068 habitantes, pasó a 480 en 1950 y en 2018 sólo tenía 118 en el padrón municipal.

Otra muestra de ello es el caso de los múltiples pueblos de Guadalajara abandonados que se han ido quedando en el camino y que ahora son ruinas de un pasado floreciente, fondos de pantano, asiento de pinares de repoblación o ejemplos de intentos heroicos, fallidos o abortados de reasentamiento. Entre ellos, se encuentran Matas, La Vereda, Matallana, Fraguas, Santotís, Robredarcas, Jócar, El Vado, Alcorlo, Sacedoncillo y un largo rosario de lugares que configuran la geografía de un cementerio poblacional.

En la provincia de Cuenca, otra de las grandes damnificadas, se ha pasado de los 300.000 habitantes a principios del siglo XX a menos de 200.000 en 2019, mientras que Talavera de la Reina ha perdido 6.000 habitantes en los últimos seis años y muchos pueblos de su comarca pueden desaparecer en las próximas décadas. Y en Campo de Montiel (Ciudad Real) la concentración de población está por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Algunas de las reivindicaciones de estas plataformas ciudadanas pasan por defender la comarcalización frente a la organización burocrática y centralista de la provincia, sobre todo, en una región que es más extensa que algunos países europeos como, por ejemplo, el Benelux o la República Checa. Y también coinciden en señalar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 como uno de los documentos legales más completos de los que ha abordado hasta ahora la despoblación del campo, una herramienta que, a su juicio, se debería cumplir y dotar de medios para que se desarrolle.

En representación de esos colectivos ciudadanos, Javier Domenech es vicepresidente de la asociación «Paisanos de Sancho» —que aglutina a 23 municipios de Ciudad Real y Albacete en la comarca del Campo de Montiel—, cree que todas las zonas despobladas del país deben hacer «un frente común» para denunciar los problemas que sufren. Domenech conoce de sobra esta situación, ya que gestiona el hotel rural «La Casona del Abuelo Parra» en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), donde aún no sufren tanto las consecuencias de la despoblación, pero dice que están empezando a notarla.

«Les pedimos a los políticos y a los gobiernos que dejen de prometer cosas que no cumplen . Menos predicar y dar más trigo», critica Domenech. Considera que se debe buscar «un modelo claro que se fije en las características y peculiaridades de cada territorio, con las comarcas como unidad administrativa más útil para estos municipios».

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha esta legislatura una estrategia para el desarrollo de zonas de despoblamiento y declive socioeconómico: la creación de las zonas ITI (Inversión Territorial Integrada) —que abarcan más de 600 municipios de los 919 que conforman la comunidad autónoma—, un instrumento «insuficiente», para Domenech. Por eso, les dice a las administraciones: «Que se dejen de planes vacíos de contenido y que cumplan la Constitución Española y las leyes que ellos mismos aprobaron», refiriéndose a Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007.

El vicepresidente de «Paisanos de Sancho» cree que, hasta ahora, «ha habido buenas intenciones, pero a la hora de llevarlo a la práctica y dotarlo de contenido y financiación no ha funcionado». En su opinión, «no puede ser que por ser de pueblo te conviertas en un ciudadano de segunda, tercera o incluso cuarta en cuanto a infraestructuras, prestación de servicios y calidad de vida. Vivir en esta España, en la que tanto echamos mano de la Constitución, no debe ser un ejercicio de valentía».