Caso Chiloeches: la veintena de acusados se enfrenta hasta a 19 años de cárcel

A algunos de ellos la Fiscalía les reclama hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, haciéndoles responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros . Aquí se desgranan conceptos como la intervención de la UME y los bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza. El juzgado declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Por un lado, hay 14 acusados (entre los que se encuentran Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina) por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

Por otro lado, hay seis exaltos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada . Son tres directores generales (Miguel Ángel Yuste, Carlos José Blázquez Orodea y Matilde Basarán Conde), dos jefes de servicio (Olga Villegas Sánchez y José María Michelena) y un delegado provincial y viceconsejero (Sergio David González Egido). Además, hay que añadir al exalcalde de Chiloeches César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

Tras la investigación pertinente, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en la nave que ardería meses más tarde unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagados por Grupo Layna.

Entre el 6 de abril y el 17 de junio se siguió aumentando la recepción de residuos peligrosos y no peligrosos. Ese último día el Ayuntamiento ordenó el cierre de las instalaciones al constatar el nuevo alcalde que la nave se explotaba «al margen de toda legalidad» por Kuk y Grupo Layna. Por ejemplo, en el interior los residuos alcanzaban prácticamente el techo y en el exterior ocupaban las vías de circulación de los vehículos llegando casi a la puerta de acceso.

El 20 de junio el Servicio de Medio Ambiente inspeccionó el lugar y constató que las instalaciones «eran un auténtico caos» . Había almacenamiento masivo a la intemperie de residuos peligrosos y en lugares de pavimento no impermeabilizados, falta de etiquetado en recipientes de residuos peligrosos, escapes de residuos peligrosos en envases deteriorados, vertidos de residuos peligrosos de las balsas de retención colmadas al barranco de Los Chorrillos donde discurre un cauce y mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos.

El 7 de julio la Ucoma, dentro de una investigación penal de la Fiscalía de Madrid, tomó ocho muestras en el entorno de la nave. Se acreditan altas concentraciones de metales pesados de carácter tóxico. En concreto, plomo, zinc, cromo, arsénico y cadmio, así como otros aniones y cationes y un alto contenido en compuestos orgánicos volátiles de carácter altamente tóxico. Además, se constata la emisión de contaminantes líquidos en el citado barranco.

El 11 de julio cinco de los acusados mantuvieron la recogida de residuos pese a que la nave había sido clausurada, por lo que se inició una inspección en la que se detectó el empeoramiento del estado de las instalaciones. Esto incrementó el riesgo de incendio, algo que finalmente se produjo a las 4.49 horas del 26 de agosto.

El Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid concluyó que lo más probable es que fuera intencionado. La UME trabajó durante seis días con centenares de efectivos en una combustión con altos niveles de contaminación derivadas de las llamas.