Varios cargos políticos, investigados por el incendio de Chiloeches

El juez también llama como investigados a 3 personas jurídicas , entre ellas responsables de las empresa KUK Medioambiente , gestora de la planta que ardió en agosto, y el Grupo Layna , propietaria de la nave. Asimismo, entre los investigados se encuentra el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP) , además de otros cargos de la Administración regional anterior y actual.

Las declaraciones de los investigados está previsto que se produzcan en sede judicial los días 20 de diciembre de 2016, 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017.

Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente , incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.

Este mismo auto acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos, todo ello en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas y de los indicios existentes hasta este momento, en que todavía la instrucción no ha finalizado, «con lo que el principio de presunción de inocencia debe entenderse subsistente y salvaguardarse en todo momento», señala.

En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre).

En concreto, a los responsables de KUK Medioambiente se les investiga por unos presuntos delitos, «de forma indiciaria» contra los recursos naturales y el medioambiente (prevaricación medioambiental) y por falsedad documental, al no figurar en la documentación de la empresa entradas de residuos no peligrosos mientras «se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y 2016».

También se le investiga por un delito de pertenencia a grupo criminal , ya que el auto señala que los hechos ocurridos en las instalaciones de KUK « podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos».

En cuanto a responsables del Grupo Layna, se le imputan los mismos delitos que a KUK y al exalcalde de Chiloeches, César Urrea, se le investiga por un delito de prevaricación medioambiental , ya que los indicios apuntan a que el investigado tenía «perfecto conocimiento de la existencia de la instalación y de las irregularidades de la misma».

Respecto al exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Sergio David González Egido, se le investiga por un presunto delito de prevaricación medioambiental y siendo viceconsejero « habría otorgado presuntamente a KUK Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autoridad Ambiental Integrada , la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción», señala el auto.

Además, «presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de KUK , pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna», y añade el auto, «llamando especialmente la atención que dicho arrendamiento no se ajusta a la legalidad».

El auto también llama la atención sobre el hecho de que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por el ex viceconsejero , realizara un proyecto para la instalación de un evaporador, «con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil».

En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos .

Dicho incendio comenzó el 26 de agosto y se prolongó varios días, y debido a la quema de residuos altamente peligrosos se originó una nube de humo que obligó a activar un protocolo especial así como tomar medidas extraordinarias a los bomberos que acudieron a extinguirlo.

El auto del juez señala que, según lo determinado por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental (Ucoma), los residuos peligrosos que habrían entrado en la planta, entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron un total de 24.054 toneladas, más otras 7.031 toneladas entre abril y el 21 de junio de 2016 , cuando el Grupo ya había abandonado las instalaciones.

Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, se ha activado el Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción , para la adopción de las medidas de refuerzo pertinentes que garanticen la ágil tramitación de la causa.