Aprobados los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021

A lo largo de la jornada de este martes se ha debatido en el pleno de las Cortes regionales el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre este proyecto de Ley, que, posteriormente, ha salido adelante al contar con los votos favorables de la mayoría de los diputados.

Antes de iniciarse la votación final, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha querido manifestar, en nombre del Gobierno regional, la «satisfacción» y «felicidad» por la previsible aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio.

Además, Ruiz Molina ha agradecido al grupo parlamentario Ciudadanos que haya apoyado estas cuentas, un gesto que no sólo les beneficia como grupo político, sino que también beneficia a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. En este sentido, Ruiz Molina ha puesto en valor la importancia de dar en estos momentos complicados un mensaje de unidad a la ciudadanía, porque «cuanto más unidos, mejor».

Este agradecimiento lo ha hecho extensivo a los empleados públicos de la Administración regional encargados de la elaboración de los presupuestos públicos, por su ingente trabajo; al personal de las Corte regionales y a todos los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los presupuestos para el próximo año se incrementan un 15 por ciento con respecto a los del año pasado, lo que permitirá disponer de cerca de 1.600 millones de euros más para fortalecer el E stado del Bienestar y recuperar la senda del crecimiento en Castilla-La Mancha. Este incremento supone que las cuentas para el próximo ejercicio triplican el crecimiento medio de los presupuestos de los últimos cinco años, que ha sido del 5,5 por ciento.

Este fuerte incremento presupuestario permitirá que en 2021 el gasto social alcance los 6.591,1 millones de euros, unos recursos que irán destinados a fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a los sectores más vulnerables.

En concreto, el gasto social se incrementará cerca de un 18 por ciento, casi tres puntos por encima de lo que lo hace el presupuesto, lo que permitirá disponer en 2021 de cerca de 1.000 millones de euros más que este año para destinar a sanidad, educación y servicios sociales.

De esta forma, cada día se destinarán 18 millones de euros a los servicios públicos fundamentales.

Gracias a estos recursos se podrá contratar a más sanitarios y docentes y poner en marcha más y mejores infraestructuras y equipamiento de carácter social. También se va a disponer de más recursos para financiar la prestación de servicios del ámbito social por otras entidades, lo que refuerza la atención que se presta en Castilla-La Mancha a los colectivos más vulnerables.

El gasto social se complementa con las políticas de gasto orientadas al desarrollo económico y a la creación de empleo, a las que se destinarán más de 1.700 millones de euros, prácticamente 600 millones más que este año.

Dentro del bloque económico, 825 millones de euros se destinarán a modernizar la estructura productiva y reforzar las políticas de empleo, unas partidas que crecen un 31 por ciento respecto a 2020.

Todo ello, a través de la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad de la información, mejorando, por un lado, la competitividad empresarial y fomentando, por otro lado, la modernización administrativa de la región.

El capítulo de inversiones asciende hasta los 1.423 millones de euros, lo que supone que se duplica con respecto al presupuesto de 2020, contando con 764,5 millones de euros más.

Se destinarán 3,9 millones cada día en inversión para fortalecer los servicios públicos fundamentales; dotar a la región de infraestructuras básicas, como las de abastecimiento y depuración de aguas, y promover el desarrollo y modernización del tejido productivo.

Además, por segundo año consecutivo, con las cuentas regionales para 2021 se reducirá la carga financiera de la deuda viva que mantiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son 48,1 millones de euros menos como consecuencia de la gestión que se está llevando a cabo en la cartera de deuda, sustituyendo las operaciones más caras por otras más baratas.