La Palma asume una «importante carga económica» a la espera de los 100 millones prometidos por el Estado

El Estado adeuda al Cabildo aproximadamente 40 millones de euros, derivados de un segundo convenio para la recuperación de infraestructuras públicas destruidas por el volcán, correspondientes al 50% de aportación del Gobierno de España, «aún sin actualizar y firmar», además de cerca de 35 millones de euros a los ayuntamientos.

Por ello, asegura el Cabildo, la Corporación ha asumido el 25% de la financiación en los tres ayuntamientos afectados, unos 50 millones de euros. Esta cantidad, exponen, supone «una parte muy significativa» de su presupuesto anual, por debajo de los doscientos millones de euros si se excluyen los fondos específicos para vivienda.

Además, Rodríguez ha advertido que el abono de las anualidades de 2024 y 2025 de los 100 millones de euros, la aprobación del 60% de deducción del IRPF y el abono a las entidades locales de los convenios de reconstrucción y la exención de las reglas fiscales para los tres ayuntamientos y el Cabildo son «fundamentales» para no ralentizar el proceso de recuperación de La Palma.

Asegura el presidente que falta de estos fondos está impidiendo abordar mejoras urgentes en la red viaria, su mantenimiento y labores de limpieza necesarias en el resto del territorio palmero, además de tener financiación para poder avanzar en temas de la trascendencia de la Residencia de Los Llanos, entre otras cuestiones.

«Es urgente que el Estado cumpla con el compromiso de entregarnos ese 50% de la actualización y también, lógicamente, la parte del Gobierno de Canarias», ha destacado Rodríguez.

Así, se ha confirmado que el Ayuntamiento de El Paso y la primera actualización para Los Llanos de Aridane ya han recibido sus pagos, pero Tazacorte y el Cabildo de La Palma aún están a la espera.

A todo ello suma el «impacto anímico negativo» que, advierten, se ha generado por la paralización del pago de los 100 millones de euros de la anualidad para pagar el valor de lo perdido, el retraso de la llegada de la bonificación del 60% o la no exceptuación de la aplicación de las reglas fiscales hasta hoy.