De este hombre depende la estabilidad institucional de Canarias

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, defiende la actuación ajustada a la legalidad de Clavijo cuando era alcalde en un expediente administrativo complejo. «Cuenta con nuestro apoyo absoluto, porque la gestión fue inconmensurablemente eficaz y beneficiosa» para el contribuyente. Sin embargo, el proceso contra Clavijo, que ha sido atacado en este mandato hasta por visitar las tropas canarias en el Líbano, no tiene límites.

Este mes de noviembre Clavijo ha terminado su periodo de presidencia de las regiones ultraperiféricas de la UE. Era el broche de oro de un periodo clave para las islas en permanente búsqueda de respaldo comunitario y evitar una salida masiva de canarios al extranjero para buscarse la vida. Pero Madrid falló y no mandó a ningún minsitro mientras Pedro Sánchez estaba en Cuba.

Sin las ayudas al transporte o al negocio agrario, las RUP, plataformas de investigación y fronteras de la UE en tres continentes, serían un caos. La UE lo sabe y no deja el apoyo a la casualidad a estos territorios. A modo de ejempo: En isla Reunión la tasa de desempleo es del 23% en 2017. Solamente el 43% de los jóvenes en Reunión están empleados. Annick Girardin, ministra de Ultramar, no ha podido estar en Canarias por graves disturbios en esa zona de la Francia insular. De ahí que Canarias reclame que se tome con prioridad los asuntos canarios en la UE.

«La actuación del PSOE ha sido bochornosa», afirma el PP a través de su diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal. Así define el PP lo que pasa. Su líder insular, Asier Antona, sostiene que «el archipiélago ya no es una cuestión de Estado, es una cuestión del partido»

El jefe del Gobierno de Canarias defiende que las islas, tras superar las condiciones de rescate por parte del Gobierno central en 2013, pueda emplear sus recursos en la gestión de la depenencia o de la sanidad. El Gobierno central no le deja operar. Los acuerdos de Canarias con el PP se tienen que negociar uno a uno con los nuevos altos cargos del PSOE desde el pasado verano.

La primera medida que los canarios constataron de un cambio de ciclo en Madrid fue el retraso de la aplicación del 75% de descuento en el transporte aéreo entre las islas. Para que nadie se llame a disgusto sobre el perfil moderado del nacionalismo canario que defiende Clavijo es que desde este otoño José Miguel Bravo de Laguna, expresidente del PP de Canarias y uno de los ponente de la Constitución de 1978, se ha incorporado a Coalición Canaria (CC).

Clavijo ha acusado al PSOE de poner a trabajar a la Fiscalía General del Estado en su contra. El propio Gobierno de Canarias ha criticado que el Ejecutivo central no se tome "en serio" el encaje de las islas en la UE. Lo que pretende el PSOE es desalambrar todo el sistema insular a través de la supuesta eliminación del adversario de CC a través de los juzgados.

El nuevo Estatuto de Canarias desprotege al presidente y resto de integrantes del Parlamento de Canarias de la inmunidad a la que hasta ahora tenían derecho. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, mantiene la línea dura y advierte que el PSOE y sus socios locales tienen otras demandas. El cambio de norma en Canarias ha generado

En las islas, por su parte, Ciudadanos ha comenzado a captar a exaltos cargos del Gobierno de Canarias en el periodo de mandato del antecesor de Fernando Clavijo, Paulino Rivero, para articular un discurso propio en las islas. CC acusa al PSOE de poner en marcha una agenda de centralización sobre los intereses de las islas. Hasta Ciudadanos está en dirección opuesta.

En 2019 se cumplen 500 años de libre comercio en el Atlántico producto de una cédula real de los Reyes Católicos. De ese marco legal procede las singularidades legales y fiscales de las islas que se cuestiona cada dos por tres desde la UE. Si no hay unanimidad entre los gobiernos central y canario, el eje se puede partir. La última vez que eso se produjo casi se aplica el artículo 155 de la Constitución y se suspende la autonomía regional . Quien estuvo en el epicentro de esa historia era el entonces secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell.