Baleares renuncia a los fondos europeos con los que Armengol pagó a la trama del caso Koldo

El ejecutivo de la socialista no informó de esta circunstancia ni tampoco incluyó el certificado del Centro Nacional de Medios de Protección, un documento que meses atrás le había confirmado que el material entregado por la empresa Soluciones de Gestión S. L. no reunía las condiciones de calidad suficientes -ni siquiera coincidían con el pedido- y en el que se certificaba que lo recibido no eran las mascarillas FPP2 solicitadas sino unas quirúrgicas.

A pesar de que resultaron ser inservibles para proteger a los sanitarios, el gobierno de Armengol cargó la compra a los fondos Feder por un importe total de 3,9 millones de euros, de los cuales 150.000 euros correspondían a la asistencia técnica y 56.000 al transporte, además de los 3,7 millones que costaron las mascarillas.

Ahora el actual ejecutivo de la popular Marga Prohens ha dado instrucciones para anular la certificación de esta compra, lo que supone que se descuenten de futuros pagos aunque no habrá que devolver el importe ya cobrado.

La Unión Europea (UE) pagó en su momento esta cantidad y se tendrá que descontar de los próximos pagos que reciba Baleares, según explicó el vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, tras reconocer que esta compra fraudulenta «pone en riesgo de parálisis futuros fondos Feder».

El consejero ofreció este miércoles una cronología de la compra, ahora bajo investigación por presunta corrupción y cobro de comisiones en el entorno del ministro Ábalos, que arranca el 29 de abril de 2020 cuando el Gobierno de Armengol hizo el pedido en el sistema contable, el SAP, de una partida de mascarillas de 3,7 millones de euros.

Poco tiempo después, solicitó el análisis de las mascarillas a través del Centro Nacional de Medios de Protección. El 8 de junio de 2020, el IB-Salut recibió el resultado del análisis, en el que se detectó que las mascarillas eran defectuosas. Seguidamente, se ordenó su retirada y posterior almacenamiento.

Cinco meses después de confirmar que el pedido era fraudulento, el 20 de noviembre de 2020, la dirección general de Fondos Europeos del gobierno de Armengol verificó el gasto y consideró que era elegible, con cofinanciación al 100 % (los 3,7 millones de euros). Se determinó porque en el expediente figuraban, entre otras cosas, la factura y el albarán de entrega, pero no figuraba el informe que certificaba que las mascarillas eran defectuosas.

Aun sabiendo que el material no se podía utilizar, en el mes de diciembre el IB-Salut solicitó formalmente la financiación 100 % FEDER, y la Dirección General de Fondos Europeos seleccionó este gasto. El 20 de diciembre de 2020, la Dirección General de Fondos Europeos certificó a Europa estos 3,7 millones de euros.

Entre abril y junio de 2021 (no se pudo hacer antes por causa de la pandemia), técnicos de la Dirección General de Fondos Europeos hicieron las verificaciones in situ sin que se pudiera constatar en ningún caso que las mascarillas eran defectuosas, básicamente porque en el expediente no figuraba el resultado del análisis.

Costa criticó los «cambios de versiones» del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que primero dijo que las mascarillas eran defectuosas y ahora sostiene que se podían utilizar.

Por su parte, los socialistas insisten en que el expediente de reclamación de las mascarillas ha caducado y acusa al Gobierno del PP de dejar que se pierda el importe pagado por los cubrebocas.

El PSIB-PSOE apela a una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de enero de este año, de unificación de doctrina según la cual el plazo expira a los seis meses. Por tanto, si la reclamación se inició el 6 de julio de 2023 el expediente ya habría caducado. Un cálculo que niegan los actuales dirigentes del Servicio balear de Salud.

El actual director general del IBSalut, Javier Ureña, desmiente también que el gobierno saliente de Armengol le informara en el traspaso de competencias de que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de mascarillas.

«Estuve en los dos, en ninguno se mencionó este expediente», reveló Ureña, exhibiendo un voluminoso tomo ante los medios de comunicación y reprochando a sus antecesores que no hicieran mención específica de la investigación, a pesar de que el Gobierno autonómico ya tenía constancia de ella por la Guardia Civil desde 2022.

En julio de 2022 la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Gobierno balear y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.

A partir de esa fecha, no consta «ninguna actuación más» por parte del Gobierno de Armengol hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, comunicó -tres años tarde- a la empresa que las mascarillas no cumplían con las características esperadas. Un documento puramente comunicativo y sin efectos jurídicos como reclamación.