La Audiencia Nacional vincula a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Rajoy, con una red que robó datos de «millones de ciudadanos»

Es por ello que tanto a él como a los otros tres detenidos este lunes en el marco de la operación Borraska, entre los que está también el joven 'hacker' conocido como Alcasec, se les atribuye un delito de organización criminal, además de blanqueo de capitales y revelación de secretos.

Así consta en una nota difundida por la Audiencia Nacional que destaca que la instructora del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, prevé que los detenidos pasen a disposición judicial este jueves, a excepción de Álvaro Martín Rodríguez, un 'youtuber' que se hace llamar Valyrio, porque ha sido detenido en Andorra y se tendrá que solicitar su entrega.

Esta investigación, que permanece secreta, se inició en 2024, a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil.

Además en la misma época comenzaron a detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra otras infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.

La Audiencia Nacional explica que de lo investigado hasta el momento se desprende la existencia de una organización criminal que ha desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de la información que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa.

La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años.

A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible, pues la plataforma tecnológica les permitía cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social.

Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según explica también la Policía Nacional en una nota difundida igualmente este miércoles.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y ha contado con la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 3.