Piden depurar responsabilidades en el Ayuntamiento de Calatayud por la estafa de 66.000 euros: así se cometió

Siguiendo el procedimiento para pagar facturas de proveedores, la orden de transferencia de esos 66.202,76 euros fue avalada con la firma del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), a propuesta de los servicios municipales que se encargan de realizar la fiscalización previa y a los que corresponde practicar los controles de autenticidad y legalidad. En lo relativo a cuentas bancarias, es clave el departamento municipal de tesorería.

El PSOE ha cargado contra el gobierno municipal PP-Cs por no haber comunicado lo ocurrido durante todo este tiempo y exige que se depuren responsabilidades. El portavoz municipal del PSOE, Víctor Ruiz , responsabilizó este lunes al alcalde por lo que ha calificado de «ocultación» . Ha censurado que eso ha impedido, durante casi un año, que los grupos políticos municipales conocieran este caso ni que trascendiera a la opinión pública.

ABC ha intentado, sin éxito, que el alcalde diera su versión respecto a este caso y que aportara explicaciones y detalles de lo ocurrido. Aranda no ha contestado la solicitud que se le trasladó al respecto hace varios días.

Los socialistas, por su parte, insisten en que en el caso aprecian indicios de «graves negligencias» administrativas, por las que pide que se depuren responsabilidades dentro del Ayutnamiento. Todo ello -indican- para resarcir a las arcas municipales del dinero que se ha perdido y «que no sean los bilbilitanos los paganos, sino quienes por acción u omisión han hecho posible que se consumara esta estafa». Han anunciado que prevén personarse en el proceso judicial que se ha abierto.

El origen de esta presunta estafa fue un correo electrónico recibido inicialmente en el buzón del área de secretaría del Ayuntamiento y en el del servicio municipal de prensa, del que se encarga la asesora del alcalde, Verónica Crespo. En ese correo, alguien que decía hablar en nombre de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales –concesionaria del servicio municipal de parques y jardines– afirmó que habían cambiado el número de cuenta y que, desde ese momento, cualquier factura que se abonara a esa empresa debía pagarse por transferencia a esa nueva cuenta.

Según han advertido desde la oposición, el medio de notificación, un mero correo electrónico, ya es anómalo en sí mismo a efectos de procedimiento administrativo y no debía haber sido admitido como válido, menos aún ante un trámite de este calado económico, el registro de cuentas bancarias para el pago de facturas.

Sin embargo, ese mail se tramitó y acabó en el departamento municipal de Tesorería y dio origen a una cadena de correos electrónicos en la que también fue incluida la interventora de la Corporación para que fuera conocedora del trámite. Según se desprende del expediente, la tesorera del Ayuntamiento, Inmaculada de la Mata Tejero, dio por bueno que el mail venía de la empresa Valoriza y tampoco consta que reclamara desde su departamento que el trámite se hiciera de forma reglada por administración electrónica –que exige un certificado que garantiza la identidad del interlocutor– ni que se aportara físicamente el documento original de la preceptiva «ficha de terceros» que acredita la cuenta bancaria de todo proveedor.

El Ayuntamiento se limitó a pedir a su interlocutor que le adjuntara por mail un certificado de titularidad bancaria . Tampoco le exigió que fuera remitido por administración electrónica ni que se aportara físicamente el documento original. Siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento, el estafador adjuntó por mail un archivo de imagen en el que aparecía un supuesto certificado bancario que iba «sellado de forma totalmente ilegible», según ha destacado el portavoz socialista. Los servicios municipales también lo dieron por bueno y poco después abonaron en esa cuenta las facturas que en realidad debía haber cobrado la empresa Valoriza.

El Ayuntamiento se enteró de que había sido estafado cuando fue alertado por las entidades bancarias a través de las que se habían realizado los pagos –Ibercaja e ING–. Fue pocos días después de haber efectuado la transferencia bancaria y la alerta fue activada por los controles antifraude de los bancos.

Tras ser advertido por las entidades financieras, entonces sí que el Ayuntamiento se dirigió a Valoriza para cotejar los correos electrónicos que semanas antes había dado por buenos, y fue en ese momento cuando se dio cuenta del engaño. Para entonces el dinero ya había desaparecido en manos del estafador y la tesorera municipal acudió a denunciarlo ante la Policía. Y ahora, casi un año después, el Ayuntamiento ha decidido acudir a los juzgados, procedimiento en el que el PSOE pide que se depuren también responsabilidades por posibles negligencias internas.