El Ayuntamiento de Calatayud, a juicio por una presunta estafa de 66.000 euros

Aunque la denuncia fue interpuesta por la tesorera municipal de Calatayud el 31 de marzo de 2020, el Ayuntamiento ha mantenido desde entonces un total hermetismo sobre este caso . De hecho, ni siquiera lo conocían los grupos de la oposición, que se ha enterado ahora. Así lo ha informado el PSOE este jueves, al haber tenido acceso a un decreto firmado hace dos semanas por el alcalde, José Manuel Aranda (PP). En dicho decreto, el alcalde contrata en nombre del Ayuntamiento a un abogado y a un procurador para personarse en ese proceso penal.

El caso ha acabado trascendiendo porque este es uno de los decretos que constan en el expediente del próximo Pleno municipal. La normativa establece que en cada sesión plenaria se debe dar cuenta de los decretos que haya firmado la alcaldía desde el anterior Pleno que celebró la Corporación. Y esos documentos han de figurar en el expediente que se facilita a todos los grupos políticos antes de cada sesión plenaria.

En este decreto en concreto se indica que fue el 31 de marzo de 2020, a las 16.05 horas, cuando la tesorera municipal se personó ante la Comisaría de Calatayud para interponer una denuncia por estafa en nombre del Ayuntamiento. El alcalde dice en este mismo decreto que dicha denuncia la interpuso el Consistorio «tras la información recibida por Ibercaja, en la que se ponía de manifiesto la posibilidad de haber sido víctimas de una estafa por el método de cambio de cuenta de proveedor, con ocasión del pago de dos facturas de la concesionaria de conservación y mantenimiento de zonas verdes “Valoriza Servicios Medioambientales S.A.”, por importe total de 66.202,76 euros ».

Asimismo, José Manuel Aranda -que también es senador- afirma en en este decreto que el pasado 27 de enero se emitió un informe jurídico por parte de la secretaría del Consistorio, en el que se detallan «los tipos delictivos que podrían derivarse» por este caso. E indica que «procede la interposición de las acciones judiciales penales por parte del Ayuntamiento» para «dirimir la responsabilidad penal y civil subsidiaria» .

Tras detectar la existencia de este decreto del alcalde, el PSOE ha reclamado que se les facilite el expediente completo sobre este caso, así como la denuncia interpuesta hace casi un año y el dictamen emitido por la Secretaría municipal el pasado 27 de enero.

El portavoz socialista, Víctor Ruiz, ha criticado que la Corporación municipal no haya sido informada de este caso en todos estos meses, y ha calificado de «muy grave» tanto la presunta estafa que se está investigando como «la ocultación» a los grupos políticos. En el Ayuntamiento de Calatayud gobiernan en coalición el PP y Cs, con 9 y 3 escaños, respectivamente. El resto de la Corporación la integran 7 ediles del PSOE, uno del PAR y otro de Vox.