La ciudad de Marbella se recupera de las secuelas de «Malaya»

Durante tres legislaturas consecutivas (1991-2003), Gil gobernó con el respaldo total de los conciudadanos de Marbella, que desconocían o no querían conocer los desmanes urbanísticos que se iban fraguando en el municipio, caso de la construcción del residencial Banana Beach dentro del dominio marítimo-terrestre o en terreno rústico del centro comercial La Cañada, propiedad de otro acusado en Malaya, el empresario Tomás Olivo.

La fórmula era fácil: Aparte de otros delitos, consistía en cobrar bajo cuerda para recalificar terrenos de uso público con los que empresarios con pocos escrúpulos pudieran construir a su antojo, convirtiendo Marbella en el reino del cemento. Las consecuencias todavía las están pagando los ciudadanos: falta de equipamientos públicos y de zonas verdes, viales de urbanizaciones de lujo en mal estado o a medio construir, reducción de los ingresos del Ayuntamiento, etc.

Estas prácticas poco lícitas se mantuvieron también en la época de Muñoz y más tarde en la de Yagüe, que llegó al poder tras una moción de censura precisamente porque el primero se había enfrentado al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.

Cuando el caso «Malaya» estalla, el Consejo de Ministros decide el 7 de abril de 2006 disolver el Ayuntamiento marbellí, en una medida sin precedentes en la democracia española, y designar una comisión gestora para que se haga cargo de la administración local hasta las elecciones municipales de mayo de 2007. Este ejecutivo transitorio, presidido por el abogado Diego Martín Reyes y formado por miembros de PP, PSOE e IU, poco pudo hacer para subsanar los cuantiosos destrozos urbanísticos y de otra índole que habían tenido lugar en los últimos años.

Hubo pues que esperar a los comicios de 2007, en los que ganó por mayoría absoluta el PP, saliendo elegida como alcaldesa Ángeles Muñoz. El nuevo ejecutivo tuvo que hacer frente a multitud de obstáculos: Una deuda heredada de más de 500 millones de euros; una plantilla municipal sobredimensionada, compuesta por más de 3.000 empleados; la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba en vilo desde la época de Gil, etc.

Además, a lo largo de la primera legislatura popular, empezaron a resolverse sentencias de derribo sobre edificaciones ilegales que parecían tener poco encaje en el nuevo ordenamiento urbanístico, caso de Jardines del Príncipe o Banana Beach, que aún siguen en el limbo.

Por suerte, gracias al empuje del Ejecutivo liderado por Ángeles Muñoz se aprobó en 2010 de forma definitiva el nuevo PGOU, normalizando la situación de la mayoría de construcciones del municipio fuera de ordenación. Para ello, el Ayuntamiento ha fijado un sistema de compensaciones, mediante el cual los empresarios implicados deben resarcir a la ciudad, ya sea mediante la cesión de terrenos o con dinero contante y sonante.

El Ayuntamiento también ha podido equilibrar en la medida de lo posible sus números y ha negociado con Seguridad Social y Hacienda un plan para fraccionar la deuda pendiente en un plazo máximo de 40 años, mediante el descuento de las transferencias de su participación en los ingresos del Estado.

Por medio de multitud de negociaciones y procedimientos judiciales, la ciudad ha ido además recuperando su patrimonio. Un ejemplo de ello es el cementerio Virgen del Carmen, que un juzgado de Madrid adjudicó en 2008 a la Sociedad Española de Fútbol Profesional, como pago de una deuda contraída por anteriores gobiernos del GIL y que el Consistorio ha recuperado recientemente mediante una permuta.

En el ámbito turístico, el lustre internacional se ha regenerado gracias a iniciativas como el Starlite Festival, la gala Global Gift o la visita de personajes de renombre caso de la que realizó Michelle Obama en el verano de 2010 o la del futbolista galés Gareth Bale este mismo año.

Se trata sin duda de un trabajo ímprobo el realizado por el PP a lo largo de las dos últimas legislaturas, aunque todavía queda mucho por hacer para que Marbella vuelva a ser, con todas las de la ley, la joya de la corona turística de Andalucía.