Las mujeres del «caso Malaya»

Marisol Yagüe

Se convirtió en alcaldesa de Marbella el 13 de agosto de 2003 tras derrocar a Julián Muñoz gracias a una moción de censura, que contó con el apoyo de sus siete compañeros del GIL, tres ediles del PA y otros tres del PSOE, entre ellos Isabel García Marcos, con quien compartió celda unos meses en Alhaurín de la Torre.

El 1 de abril de 2006 entró en prisión sin fianza, recién operada de un quiste en la espalda, aunque hay quien asegura que en realidad se había sometido a una liposucción. Salió de la cárcel en octubre de ese mismo año, aunque desde entonces se ha visto inmersa en varios escándalos.

Su casa fue embargada de forma preventiva después de que el constructor Alberto Piñana la acusara de intentar pagar con dinero municipal la reforma que le había hecho. Yagüe depositó en los juzgados casi 940.000 euros para evitar la subasta del chalé, aunque en 2008 fue condenada a pagar a la constructora Copasur 722.000 euros por la remodelación.

Además, en 2009 fue condenada al pago de una multa de 180 euros y una indemnización de 150 euros por una falta de lesiones por abofetear en la puerta de un colegio a un menor que la había llamado «ladrona».

Marisol Yagüe se enfrenta por el caso «Malaya» a una posible pena de 20 años de cárcel y 3,8 millones de euros de indemnización, por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho pasivo, fraude, prevaricación y cohecho pasivo para acto injusto.

Isabel García Marcos

Tras ser el azote del gilismo desde la oposición durante años, en 2003 decidió que le era más rentable el transfugismo, convirtiéndose tras la moción de censura en la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí. García Marcos fue detenida en marzo de 2006 a su llegada al aeropuerto de Málaga procedente de Moscú, donde pasaba su luna de miel.

Entró en la prisión casi a la par que Marisol Yagüe, un dúo a las que las reclusas de Alhaurín llamaban «las pijas» y «las chaneles» por sus aires de suficiencia y arrogancia.

Tras salir en libertad bajo fianza de 60.000 euros en septiembre de 2006, se reincorporó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como inspectora médica, puesto que tenía antes de dedicarse a la política. De hecho, durante su etapa como edil socialista, fue suspendida de empleo y sueldo a raíz de una denuncia presentada por Jesús Gil y Gil, quien la acusó de cobrar tres sueldos de diferentes administraciones. Finalmente, en 1997 el SAS tuvo que reincorporarla tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

A «la rubia», tal como la llamada despectivamente Gil, podrían caerle 12 años de cárcel y 700.000 euros, por los cargos de prevaricación, malversación, cohecho pasivo u alteración de precios de concursos y subastas.

Montserrat Corulla Castro

Fue una de las personas de confianza de Roca, y bajo su supervisión y la de Manuel Sánchez Zubizarreta, se encargó de administrar la trama dedicada a la rehabilitación de edificios antiguos para su posterior explotación y/o venta.

Corrulla se dio a conocer ante el gran público a raíz de la crisis de ansiedad que sufrió al principio de una de las sesiones del macrojuicio. Isabel García Marcos, que es médico de profesión, fue la encargada de atenderla en un primer momento y luego fue derivada a un médico forense, aunque finalmente se trató sólo de un pequeño susto, producido por la impresión.

La testaferro está considerada por muchos como la mujer más bella y discreta de «Malaya». De hecho, ha recibido tentadoras ofertas por dar una entrevista, pero he preferido mantener su silencio.

El nombre de Corrulla saltó a la palestra en la campaña electoral de 2007 a la Alcaldía de Madrid, cuando el candidato socialista Miguel Sebastián preguntó al por entonces primer edil y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «si había intercedido en favor de alguna de las personas imputadas en la Operación Malaya», aunque todo quedo en un simple rumor.

El juez decretó la prisión incondicional de la abogada el 3 de abril de 2006, aunque fue excarcelada en septiembre. Corulla se enfrentaba a 4 años de prisión y 100.000.000 euros por el delito de blanqueo de capitales.

María Rosa Jimeno Jiménez

La mujer del «cerebro» de la trama de corrupción en Marbella está acusada del cargo de blanqueo de capitales y podría hacer tener que frente a una pena de tres años de prisión y una multa de 1.600.000 euros.

Según consta en el sumario, María Rosa Jimeno compró mediante un posible trato de favor un local en el centro comercial La Cañada de Marbella, construido por el empresario Tomás Olivo, imputado también en «Malaya». En dicho enclave abrió Beauty Center, una sociedad cuya contabilidad estaba gestionada por Maras Asesores, al igual que ocurría con el resto de empresas del ex asesor de Urbanismo.

Además, María Rosa Jimeno compartía supuestamente con su marido varias propiedades, entre ellas, una casa en la Cala d´Or de Palma de Mallorca; dos viviendas en Marbella; una finca agraria en Murcia, un piso en la urbanización Las Cañas, una finca en Jimena de la Frontera y dos apartamentos en Madrid, uno en Príncipe de Vergara y otro en Goya.

Durante una de sus declaraciones, aseguró que era Roca quien gestionaba personalmente las cuentas bancarias que estaban a nombre suya y de su hija, y en las que éste ingresaba boletos de lotería premiados que compraba para blanquear dinero. Un reiterado «premio gordo» de índole ilícita que María Rosa Jimeno, un tanto crédula, realmente creía que le había tocado a su marido, al menos al principio.

María Roca Jimeno

Con poco más de veinte años, la hija de Roca fue arrestada en marzo de 2007 junto a su madre y su tío, justo cuando se dirigía sus clases de posgrado en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

María Roca Jimeno fue imputada a raíz de resultar beneficiaria de dos premios de lotería, por los que ingresó 82.897 euros, cantidad con la que habría financiado su participación en las empresas de su padre Anadia Inversiones SL y Valores Asur SL.

Pese a enfrentarse a un cargo por blanqueo de capitales que podría haber valido una pena de dos años de prisión y una multa de 160.000 euros, el fiscal decidió retirar en junio de 2012 la acusación que pesaba sobre ella, dejando sin efecto las medidas cautelares como los embargos y la retirada de pasaporte.

Carmen Revilla

La que fuera concejala en la etapa de Marisol Yagüe, es una de las imputadas que le ha dado más alas a la investigación, al ser la primera en reconocer que había recibido dinero de Juan Antonio Roca, en concreto 240.000 euros. Además, declaró que éste había prometido tres millones de euros a los ediles que firmaron la moción de censura. Sin embargo, en marzo del año pasado llegó a pedir perdón al ex asesor de Urbanismo por haberlo involucrarlo en su primera confesión, que consideró que estaba «llena de falsedades».

Aunque no ingresó con carácter preventivo en la cárcel, Revilla puede enfrentarse a 9 años de prisión y 200.000 euros de multa por los cargos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado.

María José Lanzat

Lanzat fue una de los tres «transfugas» que dio el salto desde el Partido Andalucista al grupo mixto en la moción de censura que acabó con la Alcaldía de Julián Muñoz. El juez Miguel Ángel Torres declaró para ella y otros cuatro ex ediles prisión incondicional en junio de 2006, aunque salió pocos meses después.

Una anécdota destacable es que durante su estancia en la cárcel de Alhaurín de la Torre y al ser la más joven del grupo, Yagüe y García Marcos tuvieron que encargarse de darle protección, que ellas mismas recibían de otras reclusas. Lanzat fue suspendida de militancia en el PA al ser encarcelada.

La ex edil podría ser condenada a 3 años de prisión y 60.000 euros por un delito de cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado.

María Belén Carmona

La ex concejal, acusada de cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado, está en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Se enfrenta a 3 años de prisión y una multa de 80.000 euros.