El Servicio Andaluz de Empleo envía las primeras cartas de despido a enchufados del PSOE

La chispa saltó a raíz de que el SAE pusiera en marcha un concurso de méritos para estabilizar a casi 1.300 interinos, convocado el 23 de diciembre de 2022. Veintitrés trabajadores (11 técnicos y 12 administrativos) que se presentaron no pudieron acreditar la cualificación profesional para convertirse en personal fijo de la agencia.

El Gobierno andaluz del PP ha enseñado la puerta de salida a cinco trabajadores que se reincorporaron al SAE el 3 de mayo de 2011, al día siguiente de la extinción de la Faffe, cuya gestión que está siendo investigada judicialmente por el uso fraudulento de dinero público y el enchufe de 84 militantes y familiares de cargos socialistas con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación.

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Tres de los despedidos estaban adscritos a los servicios centrales de la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en la comunidad autónoma, uno pertenece a la dirección provincial de Sevilla y otro a la de Almería, según informaron fuentes de la Consejería de Empleo. El SAE les ha dado un plazo de quince días para hacer efectivos los ceses, que vence el próximo 30 de octubre.

Aparte de estos cinco técnicos, que percibirán la correspondiente indemnización de 20 días de salario por año trabajado, el organismo público planea extinguir los contratos de otros 18 trabajadores que tampoco tienen cualificación profesional. Pero la salida de estos últimos no será tan inmediata. El SAE va a convocar por segunda vez las plazas que ahora ocupan. Este proceso durará al menos un año y tendrá que resolverlo el futuro gobierno que se forme tras las elecciones autonómicas previstas en la próxima primavera.

El plan de despidos afecta a un total de 23 trabajadores de los que 22 proceden de la extinta Faffe y el restante recaló en el SAE tras la liquidación de los consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

En la agencia de Empleo se encendieron las alarmas a finales de mayo de 2024, cuando llegó el momento de adjudicar las cerca de 1.300 plazas convocadas en el concurso de méritos pensado para hacer fijos a los temporales e indefinidos no fijos.

Las bases reguladoras del proceso, que fueron negociadas y pactadas previamente con los sindicatos representados en el comité de empresa, fijaron unos requisitos de titulación que debían reunir los candidatos para acceder a las 1.297 plazas ofertadas en las distintas categorías profesionales. Veintitrés de ellos no podían aportar un título porque no lo tenían y tampoco se habían preocupado de sacárselo después de casi 15 años estando en nómina de la entidad de la Junta.

Los primeros despidos de enchufados en la etapa del PSOE llegarán cuando han pasado seis años y nueve meses desde que el PP se puso al frente del Gobierno de la comunidad más poblada de España. Para actuar con todas las garantías, la consejería que dirige Rocío Blanco solicitó dos informes al Gabinete Jurídico de la Junta. Los letrados autonómicos concluyeron que el SAE no podía mantener al personal que no reúne el perfil académico requerido para el puesto.

Una vez resueltas las dudas jurídicas y previa petición de otro dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, Empleo revocó una resolución anterior del 29 de mayo de 2024 por la que había adjudicado los puestos ofertados en el proceso de estabilización. El pasado mes de julio publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva resolución que anulaba el nombramiento de los 23 candidatos que no acreditaron los méritos. Aquellos que tenían a un sustituto en el puesto ofertado, a un candidato que quedara en segunda posición, han recibido ya la carta de despido. Son cinco.

Los 18 restantes que no tenían reemplazo en el concurso de méritos van a continuar a sueldo del SAE de manera provisional hasta que las plazas que ocupan sean cubiertas a través de un nuevo proceso selectivo, siguiendo las indicaciones del Gabinete Jurídico. Si no logran acreditar la titulación, serán también expulsados.

Los sindicatos que integran el comité de empresa del SAE —UGT, Comisiones Obreras, Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), Utedef, CSIF y CGT— se han opuesto a los despidos. El pasado 24 de septiembre secundaron una huelga, a la que estaban convocados más de 500 empleados de 37 centros de trabajo de la provincia de Sevilla, entre los que se encontraban Servicios Centrales y la Dirección Provincial. Su primera reivindicación era «la retirada inmediata de los despidos y soluciones que aporten estabilidad laboral».

En mayo de 2011, el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) acordó disolver la Faffe pero sin dejar en la calle a sus 1.664 empleados. Al día siguiente de su extinción, la plantilla al completo de la fundación, que se financiaba con subvenciones autonómicas para cursos de formación, fue absorbida (o subrogada) por el SAE.

En dicha agencia pública ha continuado trabajando la mayoría de extrabajadores de la Faffe y cerca de 500 han consolidado las plazas a través del referido proceso de estabilización, con la excepción de los 23 que no tienen título. Con anterioridad, el SAE había hecho fijos a otros 482 empleados de la antigua fundación sin someterse a un concurso de méritos.

Como publicó ABC, tres de los enchufados que van a ser despedidos por la Junta están siendo investigados por el Grupo de Delincuencia Económica Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un atestado entregado en mayo al juez instructor, la Policía Judicial constató que la mayoría de 84 extrabajadores de la Faffe con vínculos con el PSOE y los sindicatos denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) habían sido contratados «de manera arbitraria».