Alcaldes socialistas y de izquierdas publican un manifiesto que habla de 'lawfare' contra Sánchez

Titulado «Manifiesto a favor de la concordia y la convivencia democrática», el texto afirma que ese tipo de guerra sucia en los tribunales contra los dirigentes políticos -algo que desde hace años denunciaba Podemos y que ahora asume el PSOE- tiene «precedentes» en Europa, entre los que cita a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, el exprimer ministro de Portugal, António Costa, quien dimitió hace unos meses por un escándalo que salpicaba a su entorno relacionado con subvenciones a energías renovables,  o a la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.

Esta última recientemente absuelta del caso que forzó su dimisión, en el que se acusaba a la política de Compromís de haber encubierto desde su puesto en el gobierno autonómico los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor en un centro de acogida de esa región.

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En línea con la carta de Sánchez del pasado miércoles, en la que comunicó que reflexionaría durante unos días antes de dar a conocer el próximo lunes si continúa al frente del Gobierno, estos cargos públicos aseguran que «la deriva de los discursos, iniciativas y campañas que venimos conociendo en los últimos años por parte de la extrema derecha y derecha extrema son incompatibles con los valores democráticos y suponen un peligro para la convivencia. España se construye sobre la concordia y el diálogo. No entendemos la difamación y la mentira como herramienta en el juego político», y añaden que «debemos ser ejemplares para nuestros ciudadanos y ciudadanas».

Sin alusión alguna a Begoña Gómez o a las informaciones sobre su actividad, señaladas todas como ultraderechistas por el propio Sánchez en su misiva, estos cargos públicos concluyen el manifiesto afirmando que «para mantener la concordia y convivencia democráticas. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra los discursos y las actitudes de odio, que de ninguna manera deben quedar impunes, especialmente cuando afecte a la gobernabilidad de las instituciones. Debemos velar por el respeto al pluralismo político y de los derechos de todas las personas que trabajamos por cambiar y transformar nuestro país, desde nuestras diferentes responsabilidades», concluyen.