El Tribunal de Cuentas defiende su independencia frente a las presiones

«Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución (... ) El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes», señala en un comunicado.

Esta inusual reacción venía precedida por las presiones de los independentistas y del propio Ejecutivo relacionadas con la liquidación provisional de los gastos de acción exterior del ‘procés’, una cifra que eleva a 5,4 millones de euros . En el punto de mira, la decisión del Ejecutivo de apartar a la Abogacía del Estado de la fase de enjuiciamiento –al considerar que carece de legitimación para reclamar en nombre de la Generalitat– y la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, la consejera encargada de examinar el acta de liquidación por la responsabilidad contable de los 40 altos cargos del Gobierno autonómico.

Utilizar a esta consejera como arma arrojadiza no deja de ser paradójico, pues precisamente fue Mariscal de Gante quien dictó la sentencia a la que se aferra el Ejecutivo para justificar la retirada de la Abogacía del Estado a las puertas del juicio, un movimiento que no deja de recordar al que se llevó a cabo en la jurisdicción penal con la rebaja de rebelión a sedición. Fue con motivo de la consulta del 9-N de 2014 promovida por Artur Mas. Aunque la abogada de la Generalitat había defendido durante toda la instrucción la falta de legitimación de los servicios jurídicos del Estado para reclamar como perjudicado no fue hasta la sentencia cuando se reconoció esa falta de legitimación.

La resolución consideró que la presencia de la Abogacía del Estado estaba justificada en una primera fase (en las diligencias preliminares y en las actuaciones previas) mientras existía la posibilidad de que los hechos inicialmente denunciados y posteriormente investigados pudieran haber afectado a fondos estatales. Sin embargo, si lo reclamado afectaba a otras administraciones, la Abogacía del Estado ya no podía intervenir en ese procedimiento de reintegro por alcance. «La pretensión de reintegro que formula la Administración del Estado, según expresamente se afirma, no es en favor de la misma, sino de la administración autonómica catalana, pretensión para la que la Administración del Estado, conforme a lo razonado más arriba, carece de legitimación (...) Tampoco el desistimiento de la Generalidad es razón suficiente para reconocer legitimación activa a la Administración del Estado.

Las leyes orgánica y de funcionamiento de este Tribunal de Cuentas tienen presente la posibilidad de que la entidad pública perjudicada pueda permanecer pasiva », sostuvo aquella sentencia de Mariscal de Gante de noviembre de 2018, ratificada meses después por la Sala de Justicia del órgano fiscalizador.

Mientras la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , se aferraba ayer a este precedente para justificar que la Abogacía del Estado no interponga demanda, desde Ciudadanos el abogado del Estado Edmundo Bal desmentía esa supuesta falta de legitimación. Según él, existe una diferencia fundamental entre la consulta ilegal del 9-N y el ‘procés’: que en la causa contra el intento de secesión la Abogacía del Estado se personó contra la malversación. Ahora, el Tribunal de Cuentas debe dictaminar la responsabilidad contable derivada de ese delito, por lo que Bal considera más que justificada su legitimación.

En el juicio del ‘procés’, la Sala Segunda del Supremo aceptó la personación de la Abogacía porque el 75 por ciento del presupuesto de la Generalitat se financia a carga del estatal. La defensa de los independentistas la recurrió, pero el Supremo dio la razón a la Abogacía del Estado, entonces encabezada por Bal. «¿Cómo no va a tener ahora legitimación?».