El socialismo catalán, ante el espejo de Quebec

El «referéndum a la canadiense» alude al dictamen del Tribunal Supremo de ese país de 1998, con el que, a petición del gobierno federal y tras el ajustado desenlace del referéndum secesionista de 1995 -por décimas a favor de la unidad de Canadá-, pretendió aclarar las condiciones de un hipotético nuevo referéndum y de un proceso de independencia. El TS canadiense estableció que Quebec, o cualquier otra provincia del país, atendiendo a la doctrina internacional sobre la autodeterminación, no tiene derecho a la secesión unilateral. En cambio, sí prevé que en caso de un nuevo referéndum, y si una mayoría clara abogaba por ello, deberían iniciarse los cambios legales para dar curso a esa demanda.

Dos años después del dictamen del TS, el Parlamento de Canadá recogía con la Ley de Claridad esa doctrina, convirtiendo Canadá en el primer país democrático que admite y regula su propia divisibilidad , algo que las constituciones de países como España, Italia, Estados Unidos o Alemania no admiten. Una de las condiciones que impone la ley de Claridad es el que la pregunta debe ser clara y sin ambigüedades, a diferencia de lo que sucedió con el referéndum de 1995.

La claridad en el planteamiento del referéndum impediría por ejemplo sugerir la posibilidad de dejar abierta la puerta a un nuevo tipo de relación-asociación entre la provincia de Quebec y el resto del país. Sin ambigüedades ni fórmulas intermedias, secesión implica secesión, una claridad en el planteamiento que, como sucedió por ejemplo en el referéndum escocés, acaba siendo un freno a las aspiraciones independentistas.

La ley de Claridad establece que para considerarse válido, el resultado debe ser aprobado por una mayoría clara («clear majority»), aunque sin establecer en este caso qué porcentajes de participación o de votos afirmativos. Establecer dichos porcentajes sería responsabilidad del Parlamento de Otawa. Aunque la ley de Claridad abre la puerta a la divisibilidad del Canadá, en realidad ha funcionado como un freno al secesionismo.

Otra de las peculiaridades de la vía canadiense es que el principio de divisivilidad debe aplicarse también al propio Quebec -provincia francófona en un país mayoritariamente anglófono-, de modo que si alguno de sus territorios se manifestara claramente favorable a seguir formando parte de Canadá, deberán establecerse los mecanismos para permitirlo. Del mismo modo, la Ley de Claridad también delimita los términos de la negociación, como la reparticióm de activos y pasivos la protección de los intereses de las minorías.