El secesionismo redobla su acoso al despuntar la tesis de la violencia

Montserrat Toro, letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del 1-O, compareció el miércoles como testigo en la causa del Supremo contra los líderes del procés. Fue ella quien el 20 de septiembre de 2017 había dirigido la entrada y registro selectivo en el departamento que entonces dirigía Oriol Junqueras en busca de pruebas de la implicación del Govern con la consulta ilegal. Y se sintió acosada por el «tumulto» de independentistas concentrado a las puertas de la Consejería. «Tuve miedo», relató el miércoles ante el tribunal que preside Manuel Marchena. Incluso pidió, sin éxito, que la sacaran de allí en helicóptero.

El relato de Toro casa bien con la tesis de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular de que el 20-S fue una jornada violenta. La letrada del juzgado barcelonés solicitó formalmente que la cámara que emite en directo el juicio no la enfocase -como antes lo había hecho Xavier Muro, secretario general del Parlamento catalán-. Y el tribunal aceptó. La exposición de su relato en primera persona de una violencia que no encaja en el imaginario de buena parte de los independentistas, unida a la imposibilidad de ver su cara en directo, despertó la ira en las redes del independentismo más radical. Un tuit desde una cuenta anónima con la cara de la secretaria judicial y un texto adjunto con la amenaza de «que todo el mundo sepa que cara tienen las bestias» es solo un ejemplo de los mensajes de publicados estos días contra Toro.

Ante estas amenazas, la letrada decidió no quedarse quieta y ayer mismo denunció estos hechos ante los juzgados de guardia, según explicaron a ABC fuentes judiciales. La Fiscalía Superior de Cataluña ya se había apresurado a abrir de motu proprio una investigación, que cerró inmediatamente al tener constancia de que la víctima ya había presentado por su cuenta una denuncia en los juzgados de guardia. Y es que la ley obliga a la Fiscalía a archivar su investigación si la causa ya está judicializada. Pero en ese escrito, consultado por este diario, el fiscal superior catalán, Francisco Bañeras, ya apuntaba cuáles son los delitos en que podrían haber incurrido el autor o autores de esos tuits: obstrucción a la Justicia, descubrimiento y revelación de secretos, e injurias contra funcionarios públicos.

La diligencia ordenaba a los Mossos d’Esquadra identificar a los internautas , pues la mayoría se esconde en cuentan anónimas. Y es que el fiscal considera que estos mensajes «incitan expresamente al ejercicio de la violencia física» sobre la letrada, además de ser de «naturaleza claramente ofensiva y vejatoria». Ahora, deberá ser un juez el que se pronuncie. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, sobre el que ha recaído la denuncia por estar ayer de guardia. De momento, el magistrado ya ha abierto diligencias y ha ordenado a los Mossos d’Esquadra investigar los hechos.

Al margen de la vía judicial, Toro se encontró ayer con el cariño de buena parte de sus colegas de la administración de Justicia. Por ejemplo, decenas de jueces, abogados, fiscales y funcionarios se concentraron ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona -donde se ubica el juzgado en el que ella trabaja- para mostrar su condena por estos ataques. Recibió también el apoyo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ante el «linchamiento» que está sufriendo «por hacer su trabajo». «Atacar a testigos cuya imagen debe protegerse es propio de los peores totalitarismos», escribía en Twitter.

Pero Toro es sólo la última víctima de una violencia de los sectores más radicales del independentismo, que no solamente descargan su ira a través de internet, sino también desde algunos medios de comunicación, que o bien muestran el juicio de forma sesgada o confunden la crítica política e incluso ideológica con ataques personales.

Este sería el caso que está viviendo en primera persona el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante 2017 y que esta semana acudió como testigo al juicio del procés. Enric Millo no quiere hacer declaraciones a los medios de comunicación, asegura a ABC su entorno político más cercano en Gerona, porque «no lo está pasando bien». Eso sí, intenta responder en Twitter a aquellos que le acosan y tienen relevancia popular. Así lo hizo con el jugador del F. C. Barcelona Gerard Piqué, quien le acusó de «mentir» por defender con un vídeo parcial que Jordi Cuixart, durante el 20-S, aseguró que la comitiva judicial saldría de la Consejería cuando ellos -los independentistas- así lo considerasen oportuno. Un vídeo, que ampliado en el tiempo, tal y como tuiteó el propio Piqué, no hace más que confirmar la tesis de Millo, ya que confirma las palabras de Cuixart.

Como ocurrió con el juez Pablo Llarena -al que se le hizo todo tipo de escraches- o con el exconsejero Santi Vila -que en TV3 fue comparado con una rata-, a Millo lo han acosado con asuntos personales, llegando incluso, desde tribunas de la prensa regional, con aspectos como el altruismo de donar un riñón no solo a los que uno «ama» -Millo le donó un riñón a su mujer en 2012- sino también a los que «odia».

En esta línea, el colaborador de TV3 Jair Domínguez calificó de «gusanos» a Millo y a los periodistas Xavier Rius y Jorge Bustos. Casualmente, ayer, el Parlamento catalán condenó «los insultos xenófobos y machistas» del propio Domínguez y Toni Albà contra Inés Arrimadas. JpC y ERC se opusieron a la condena . La CUP se abstuvo. La suma de Cs, el PSC, los comunes y el PP permitieron aprobar la condena.

A los Toro, Millo, Llarena o Vila, desde ayer, se suma otra víctima del secesionismo. Tras la declaración de Manel Castellví, uno de los jefes de los Mossos el 1-O, el secesionismo intransigente empezó a aplicarle el rodillo del linchamiento digital.