Sánchez visitará el miércoles Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos

El cambio de opinión sobre la que fuese colonia española hasta los años setenta ha provocado también la indignación del Frente Polisario y la llamada a consultas del embajador en España por parte de Argelia, que denuncia no haber sido informada, pese a que el Gobierno español dice que sí se le comunicó la posición sobre la solución al contencioso. Algunos ministros han declarado en los últimos días que el acuerdo con Marruecos implica que el reino alauí renunciará a sus tradicionales reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla y también sobre las Islas Canarias. Una idea que sin duda busca subrayar esta visita de Sánchez, que tendrá lugar menos de una semana después del revuelo provocado por la carta al Rey de Marruecos, que sigue sin conocerse en su integridad.

El presidente del Gobierno se vio recientemente con los presidentes de las dos ciudades autónomas españolas, el ceutí Juan Jesús Vivas , del PP, y el melillense Eduardo de Castro , de Ciudadanos, durante la conferencia de presidentes autonómicos celebrada el pasado 13 de marzo en la isla de La Palma.

En mayo próximo se cumplirá un año de la crisis migratoria en Ceuta, que vivió entonces un inédito asalto migratorio fomentado por Marruecos, con miles de personas llegando en masa como nunca antes se había visto. El propio Sánchez se desplazó entonces a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno las consecuencias de la crisis, originada como respuesta marroquí a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali , que fue tratado médicamente en un Hospital de Logroño.

Se trata de un caso que ahora está judicializado y por el que está imputada la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, relevada por Sánchez en favor de José Manuel Albares en la profunda crisis de gobierno acometida en aquel momento. Poco después, en agosto, los inmigrantes fueron devueltos a su país de origen tras un acuerdo con Rabat y mediante una expeditiva actuación ordenada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , que le costó duras críticas y denuncias de diversas ONG, además de las de Unidas Podemos y otros partidos socios parlamentarios del Ejecutivo.