Robles firmó en 2012 un manifiesto contra los indultos y ahora evita pronunciarse

Además, denunciaba que «al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican», el Ejecutivo «dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional». El manifiesto continuaba advirtiendo que conceder la medida de gracia «implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena» y que este supuesto «solo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada», argumentos que pueden mantenerse en contra del indulto a los condenados por el 1-O.

Este trasfondo coincide ahora con la falta de apoyo expreso de Robles a perdonar a los líderes del 'procès' y su evidente interés por evadir la cuestión en el Congreso. La semana pasada el diputado popular Carlos Rojas le pidió que revelara su posición al respecto durante la sesión de control y la ministra de Defensa reaccionó con irritación exigiendo al PP que desbloquee la renovación del Poder Judicial.

Los populares planeaban volver a presionarla hoy ante la sospecha de que no está de acuerdo con conceder esta medida de gracia a los independentistas en prisión. Para ello, el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro registró la pregunta de si propondría un indulto sin que concurrieran razones de justicia, equidad y utilidad pública. No en vano, como ministra de Defensa tiene competencia para proponer el perdón del Gobierno a los miembros del Ejército. Robles, sin embargo, tampoco ha querido responder a esta pregunta y ha derivado su contestación al titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

El manifiesto de 2012 surgió como protesta por el indulto que Rajoy concedió a cuatro mossos condenados a dos años de prisión por torturas, y que vieron conmutada esta pena por una multa de 7.200 euros. Ahora, los años de cárcel que el Gobierno de Sánchez planea perdonar a los condenados por el 1-O multiplican esa cifra varias veces. Otros nombres destacados que firmaron el manifiesto fueron Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, magistrados del Tribunal Supremo, o Josep María Pijuán, juez del caso Palau.