10+1 razones para oponerse a los indultos

El empecinamiento de Sánchez en indultar a presos sediciosos, dirigentes en los partidos que lo sostienen en La Moncloa, ha situado al Gobierno en una posición de choque frontal contra el Poder Judicial y supone una desautorización expresa al Tribunal Supremo. El 22 de diciembre del pasado año, la Fiscalía del Supremo se opuso a los indultos al no apreciar «razones de justicia, equidad ni utilidad pública». A su juicio, Sánchez solo busca «satisfacer intereses políticos coyunturales», mediante una gracia que consideran «arbitraria».

El Supremo también ha rechazado los indultos. Lo hizo el pasado 26 de mayo, con un contundente informe de 21 folios que tuvo como ponente a Manuel Marchena: «Se presenta como presos políticos a aquellos que han sido causantes de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones», lamenta el escrito. También se argumenta que «la pena tiene una función e incumplirla empuja a la constitución de un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores». El Supremo señala que «no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento». De hecho, recuerda que los presos han expresado «su voluntad de reincidir».

PP, Vox y Ciudadanos comparten un rechazo total a los indultos y sus dirigentes estarán en la manifestación de hoy. El PSOE se retrata quedándose solo en el bando de los separatistas.

Entre los muchos sondeos que se han publicado sobre los indultos no existe uno solo donde los españoles se muestren a favor, a pesar de la intensa campaña de propaganda del Gobierno. El rechazo a las medidas de gracia de Sánchez resulta también mayoritario entre los votantes del PSOE. Según el último Barómetro de GAD3 sobre la cuestión, dos de cada tres españoles están en contra (66% frente a 21,2%). Algunos estudios demoscópicos han llegado a elevar el rechazo hasta un 80%. Se trata por tanto de una medida tomada contra el sentir de la opinión pública española.

Felipe González, el referente vivo más importante del PSOE, declaró en una entrevista televisada que «en estas condiciones» se opone a los indultos. En la misma conversación reconoció que se siente «huérfano de representación» en el PSOE de Sánchez. El que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, los ve «políticamente indeseables y políticamente ilegales». En su opinión, «si el tribunal dice que no se dan las condiciones, el Gobierno no los puede dar, sería un acto ilegal». Recuerda además que los indultos son una gracia a título individual, no colectivo. Emiliano García-Page ha sido el barón del PSOE más claro: «Sería una de las decisiones más graves de la democracia. Más que una medida de gracia me parece una desgracia». El presidente de Castilla-La Mancha recuerda a su jefe de filas que «la sentencia del 1-O es tan legítima como la que provocó la moción de censura [contra Rajoy]». Fernández Vara, el presidente extremeño, manifestó a finales de abril que «resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo». Posteriormente se acobardó ante la presión de la cúpula de su partido y matizó su postura tras el artículo de Junqueras. Joaquín Leguina, expedientado por Ferraz, ha sido el más gráfico entre los veteranos socialistas: «Los indultos son una bajada de pantalones».

Es la prueba de que estamos ante una maniobra política que tan solo atiende a intereses tácticos cortoplacistas. En octubre de 2019, tras la sentencia del Supremo, Sánchez recalcó que «el acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento» y recordó que «nadie está por encima de la ley». El día 31 de ese mes, en una entrevista radiofónica en La Moncloa, explicó que «se podrían dar otro tipo de debates más constructivos, porque el del indulto no está encima de la mesa». En esas mismas fechas, Carmen Calvo afirmaba que el cumplimiento de las penas de los doce condenados del 'procés' «debe ser íntegro», y la ministra portavoz María Jesús Montero hacía declaraciones en idéntico sentido.

El 22 de octubre de 2019, el cerebro del golpe de 2017, Oriol Junqueras, despreció la medida de gracia con una procacidad ya célebre: «Que se metan los indultos donde les quepan». Ahora ha publicado un artículo tacticista para que a Sánchez le resulte menos gravoso políticamente sacarlo de la cárcel. En ese texto asegura que no reincidirá en la vía unilateral de ruptura, pero en ningún momento muestra arrepentimiento por sus hechos delictivos de 2017. Por el contrario, en los últimos años la proclama «lo volveremos a hacer» ha sido la divisa constante de Junqueras. Los presos han pedido siempre la amnistía, no indultos, una gracia que observan con displicencia. Cuando el Supremo les hizo la preceptiva consulta al respecto, ni se dignaron a contestar. Solo lo hizo Jordi Cuixart, pero para rechazarlos de manera explícita: «La prioridad como preso político no es salir de la cárcel».

En la campaña de los comicios de noviembre de 2019, concurrió prometiendo un endurecimiento de los delitos contra la unidad de España, castigar de nuevo como delito la convocatoria de consultas y traer a Puigdemont para que respondiese ante la Justicia española. Los indultos y la rebaja del delito de sedición que ahora anuncia convierten sus promesas electorales en falsedades palmarias. De consumarse, habría ganado los comicios mintiendo y engañando a los españoles sobre sus verdaderos planes (al igual que hizo en relación a sus alianzas postelectorales, con aquellas sonadas declaraciones de que un Gobierno con Podemos como socio no le dejaría dormir).

El Gobierno de Sánchez ha aceptado sentarse en una mesa bilateral en La Moncloa con los dirigentes de la Generalitat separatista para debatir cambios en el modelo territorial, que afectarían al conjunto de los españoles. El formato de la reunión supone escenificar una suerte de encuentro entre dos Estados, como si Cataluña estuviese ya fuera de España, y además le otorga un trato diferenciado y preferente respecto al resto de las comunidades, que sí han observado una escrupulosa lealtad con la Constitución. La llamada ‘mesa de diálogo’ resulta ofensiva para muchos españoles, que no comparten que su Gobierno se siente con quienes imponen como orden del día debatir «la autodeterminación y la amnistía», dos figuras que no caben en la Constitución. La ONU tampoco admite la autodeterminación para países de las características de España, solo en procesos de descolonización.

Si el propio Gobierno de España denuncia de manera reiterada una supuesta «judicialización de la política», si da a entender que las penas del Supremo fueron ideológicas y excesivas, el eco de esos planteamientos pesará cuando el Tribunal de Estrasburgo evalúe la sentencia de nuestro más alto tribunal (de hecho el Ejecutivo ha llegado a insinuar que vería con buenos ojos que la eche abajo). Los indultos y la rebaja de las penas por el delito de sedición provocarán además que si se produce una nueva intentona de los separatistas resultará mucho más difícil sumar apoyo internacional contra su desafío, pues los países extranjeros recordarían que el propio Gobierno español ha restado importancia a este tipo de acciones.

El Artículo 62 de la Constitución establece que «corresponde al Rey», entre otras funciones, «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Lo que pretende hacer el Gobierno no es un indulto para un caso individual, sino más bien un indulto general a toda la cúpula del desafío sedicioso de 2017, con lo que la constitucionalidad de la medida parece muy discutible. Pero además los indultos suponen una contradicción frontal con el espíritu del importante discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, que resultó clave para reponer el orden constitucional en Cataluña.

El sueño de la Transición era que el Estado Autonómico, una suerte de federalismo a la española, apaciguaría las veleidades independentistas. Ha ocurrido exactamente lo contrario. Los gobiernos nacionalistas han aprovechado la sucesiva asunción de competencias para ir tejiendo los mimbres de una suerte de Estado propio, al que solo le faltaría dar el paso final (tal fue la estrategia de Pujol mientras fingía ser un hombre de Estado autonomista y posibilita). El debilitamiento del Estado y su entreguismo, con pasos como la cesión de la educación a las comunidades, solo han servicio para favorecer la implantación y fuerza del separatismo, que estalló de modo dramático en los hechos de 2017 que ahora se pretende perdonar.

Prueba de que las cesiones no conducen a nada es el documento de un dirigente ERC, incautado por la Guardia Civil en octubre y revelado el viernes por los medios tras ser ocultado por el Gobierno, donde se explica claramente la estrategia separatista: la ‘mesa de diálogo’ debe servir para «debilitar al Estado» y es solo una farsa previo paso a la liberación de los presos y un referéndum, o incluso otra declaración unilateral de independencia si el Gobierno se resiste a la consulta. En paralelo, el partido de Puigdemont afirma claramente «que si la mesa fracasa iremos a una estrategia de confrontación». Aragonés reclama una amnistía y recalca que con los indultos «no se acabaría el conflicto», solo con la autodeterminación. Nada los satisfará hasta la independencia, de ahí el fatal error de unos indultos que harán esa ruta más asequible.