Varios de los líderes del «procés», en noviembre de 2017, en su camino hacia la Audiencia Nacional
Varios de los líderes del «procés», en noviembre de 2017, en su camino hacia la Audiencia Nacional - Jaime García

Pedir que testifique el Rey, la última treta secesionista para hacer del juicio un show

Los líderes políticos en prisión desafiarán al Tribunal Supremo: «Es una causa contra la democracia»

Barcelona - MadridActualizado:

Los líderes independentistas encarcelados por el «procés» insisten en que el inminente juicio que se va a celebrar en el Tribunal Supremo es una causa política, y así tratarán de evidenciarlo convirtiendo la vista en un «show». En sus escritos de defensa, presentados ayer, confirman sus intenciones: piden incluso la testifical del Rey.

Así lo solicita, concretamente, la defensa de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, defendidos por el abogado Jordi Pina, que ayer justificó en una rueda de presa esta petición. «No es ninguna revancha», aseguró. Si el fiscal aludió en su escrito de acusación al discurso que Don Felipe pronunció dos días después del 1-O, ellos tienen la «legitimidad» –valoraba Pina– de solicitar su testimonio o, en su defecto, el del jefe de la Casa Real. Y más –añadía el letrado– cuando se enfrentan a penas tan altas por el delito de rebelión. También quiere que el tribunal cite al expresidente de Gobierno Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont.

El abogado de Sànchez, Rull y Turull –en la línea de la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva– dejó clara cuál será su actitud en lo que creen que es «juicio contra la democracia y las urnas». Los líderes independentistas no se «avergüenzan» de lo que han hecho y creen que todo fue legal. «Si esto es delito, es que estamos en el país equivocado», sentenció el letrado.

La esencia del discurso que el abogado ofreció en su rueda de prensa está también en sus voluminosos escritos de defensa, impregnados de un marcado tono político. Así, por ejemplo, en el de Sánchez se subraya que este proceso «trata de poner en tela de juicio a la democracia española. No en vano la percepción sobre la regresión en materia de derechos y libertades es cada vez más extendida y concierne a todo el mundo, tanto en Catalunya (sic) como en España e incluso en Europa».

Como los demás, niega que el asedio a la Guardia Civil y a la comitiva judicial del 20 y 21 de septiembre se pueda considerar una actuación violenta, sino que se trató del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica, como también lo fue, dicen, la participación de los catalanes en el referéndum del 1-O. Menos político es el escrito de la defensa del exconsejero e Interior Joaquim Forn, que ejerce el abogado Xavier Melero.