Otro comité de expertos fantasma: el grupo de trabajo del Pazo de Meirás

A raíz de aquello, un abogado preguntó, a través del Portal de Transparencia, por varios datos relacionados con la cita, como las actas de la reunión o si los asistentes cobraron algún tipo de remuneración. La secretaría de Estado de Memoria Democrática, lejos de responder a las cuestiones planteadas por este ciudadano, le informó de que no podía atender su petición y, para su sorpresa, indicó que no le podía dar lo reclamado porque el grupo de expertos no fue creado y, por ende, no existían los documentos.

«Se informa que dado que no se ha creado ningún órgano, no existe y por tanto no puede aportarse la documentación solicitada, siendo que lo único que se ha celebrado ha sido una reunión telemática con fecha 3 de febrero pasado, con las personas expertas propuestas por las instituciones interesadas en el futuro del Pazo de Meirás, con objeto de reflexionar sobre el relato y los futuros usos del mismo». Esta es la respuesta textual, a la que ha tenido acceso ABC, que da el Ministerio. En este punto es imposible no encontrar paralelismos con otro caso muy relevante: el del comité de expertos para la desescalada del Ministerio de Sanidad .

«No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento». Esto fue lo que dijo el ministerio a otro abogado cuando fue interrogado, también vía Transparencia, sobre los expertos que decidieron si las distintas regiones avanzaban de fase o no durante la pandemia.

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, explica la treta que emplea el Gobierno en estos casos, encaminada a no rendir cuentas. «Juegan a crear comités asesores a los que no otorgan la naturaleza jurídica de órganos colegiados para evitar que se supediten a las obligaciones de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público». Esta norma establece que comités o grupos de este tipo deben, entre otras cosas, sujetarse a obligaciones como la elaboración de actas de sus reuniones. «Este funcionamiento va en contra del espíritu de la ley de una forma clara» , considera Blanes, quien critica la «inseguridad jurídica que provocan actuaciones así.

Con esta táctica, el Gobierno evita rendir cuentas sobre las decisiones de este grupo asesor a la vez que levanta suspicacias sobre su funcionamiento: no hay forma de saber si estos expertos se reúnen o no, tampoco es posible conocer si las decisiones que tomará el Ejecutivo en lo relativo al Pazo estarán fundamentadas en los consejos de los expertos o en otros criterios, o si, por ejemplo, se paga a los expertos.

Este organismo, que según el Gobierno no se ha creado, tiene 12 miembros designados por distintas Administraciones. Como figura en el comunicado oficial con el que el Ejecutivo anunció la creación del grupo, son los siguientes. Por el Gobierno: Xosé Manuel Núñez Seixas, Ángel Manuel Rodríguez Blanco y Manuel Regueiro López. Por la Xunta de Galicia: Ramón Villares e Isabel Burdiel. Por la Diputación Provincial de A Coruña: Carlos Babío y Emilio Grandío. Por el Ayuntamiento de Sada: Manuel Pérez Lozano. Por el Ayuntamiento de La Coruña: José Alfeirán Rodríguez. Por la Real Academia Gallega: Marilar Aleixandre. Y por el Consello da Cultura Galega: Rebeca Blanco Rotea.

Pese a negar su existencia, el Ejecutivo dotó al comité de figuras propias de los órganos colegiados según la ley 40/2015. En su artículo 16, la norma dice que «los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente». Así, designaron a Marilar Aleixandre como secretaria y a Xosé Manuel Núñez Seixas como presidente del comité, a cuya primera cita asistió el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Este alto cargo actúa como presidente de la Comisión Técnica del Pazo de Meirás, el órgano al que este comité de expertos remite sus sugerencias.

Guillermo Rocafort es el abogado que solicitó la información al Gobierno. Reclamó, entre otros documentos, las actas de las reuniones, los motivos de elección de cada experto o si cobran dietas. Tras la respuesta a su solicitud, se muestra muy crítico con el Gobierno. «La práctica de justificar decisiones políticas arbitrarias en base a la opinión de comités de expertos que no existen lo que busca es engañar a la sociedad y generar un clima de legalidad que en realidad sirva para vulnerar la ley y llegar a resultados injustos», lamenta Rocafort, que también censura la « falta de seriedad administrativa » en un tema tan sensible.