Nueva rectificación de Sánchez: usa el veto presupuestario para bloquear la alta inspección educativa de C's

El texto ha sido impulsado por Ciudadanos e insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley para la creación de una agencia independiente para la Alta Inspección Educativa del Estado. El argumento que ofrece el Ejecutivo socialista es el coste de cinco millones de euros que supondría la creación de este órgano. Hace uso así de la herramienta del veto presupuestario recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, cuyo uso tanto criticó durante la etapa de Mariano Rajoy.

El PSOE llegó a llevar a Moncloa ante el Tribunal Constitucional, acusándola de impedir el debate en la Cámara Baja y cercenar la capacidad legislativa de la oposición. De hecho, una de los compromisos asumidos por Sánchez cuando llegó al poder fue levantar todos los vetos presupuestarios impuestos por los populares. Y el pasado jueves remitió al Congreso el decreto para la universalización de la Sanidad , recuperando una de las proposiciones de ley del PSOE que fueron vetadas por el Gobierno de Rajoy. Su coste presupuestario supera los 1.000 millones de euros .

La Mesa tendrá que decidir ahora si acepta o no la disconformidad del Gobierno. PP y Ciudadanos suman mayoría en este órgano y el Tribunal Constitucional reforzó, precisamente a petición del PSOE cuando aún estaba en la oposición, su función de vigilancia. Antes de aceptar un veto presupuestario debe verificar que la justificación del Gobierno está suficientemente motivada y soportada en datos económicos.

Según ha podido saber ABC, Moncloa sostiene que la creación de la Alta Inspección Educativa « requeriría la transferencia al citado organismo de los créditos necesarios para gastos de funcionamiento y para gastos de inversión, mediante la creación de dos partidas presupuestarias en el ministerio de Ciencia». La primera de ellas para gastos de funcionamiento por 4,5 millones de euros y la segunda para inversiones por valor de 500.000 euros. En consecuencia, Moncloa concluye que «no presta la conformidad para su tramitación».