El TC sucumbe a la estrategia de los independentistas

La última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que cuestionó la imparcialidad de un juez español fue la que condenó a Arnaldo Otegui por Bateragune, pero nada tenía que ver con lo que aquí se plantea, según reconocen fuentes jurídicas. En aquel momento fue el propio Supremo el que ordenó repetir un juicio de enaltecimiento a ETA contra el hoy portavoz de EH Bildu por la falta de imparcialidad de Ángela Murillo. No era tan extravagante, por tanto, que Estrasburgo cuestionara la siguiente vista oral en la que el batasuno se sentó frente a la misma magistrada.

Pero este caso es distinto. Y lo es porque antes de recusar a Antonio Narváez, y después a Cándido Conde-Pumpido, al entender que ambos prejuzgaron a los condenados del 'procés' en sendas intervenciones públicas, las defensas de los independentistas ya lo habían intentado con todo el tribunal a través de una iniciativa que los propios magistrados tildaron de «impertinente y abusiva» . En definitiva, no era la primera vez que se trataba de laminar la credibilidad de la propia institución dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque si algo no han ocultado los hoy presos del 'procés' es su intención de llegar a Estrasburgo. Pasar por el Tribunal Constitucional (TC) es solo un paso necesario para poder trasladar el caso a Europa.

Las excesivas cautelas respecto a Estrasburgo en el marco del 'procés' no son nuevas en el órgano de garantías. Están muy presentes en el tribunal desde noviembre de 2015, el punto de partida de la amenaza secesionista. El tribunal, entonces presidido por Francisco Pérez de los Cobos, y del que formaban parte ya la gran mayoría de los magistrados que lo conforman hoy, empezó a tomar todas las decisiones relativas al desafío secesionista por unanimidad. Una tras otra. Desde la suspensión de resoluciones y leyes del Parlament hasta declarar su inconstitucionalidad pasando por el aval también unánime a la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes independentistas. Cada amparo presentado por fugados, procesados o condenados se ha admitido a trámite por su «trascendencia constitucional» y porque versaba sobre «un asunto sobre el que no hay doctrina» en este tribunal. La resolución de los recursos sobre esta materia siempre ha sido preferente, hasta el punto de que el TC se ha puesto plazos para resolverlos, aunque ello haya significado dejar de lado asuntos no menos importantes como el estado de alarma y sus derivadas, cuya trascendencia constitucional es obvia por su excepcionalidad y por la implicación que puede estar teniendo en la merma de derechos fundamentales de los españoles.

Así las cosas, la decisión que Narváez y Conde-Pumpido han tomado respecto a sus respectivas recusaciones –pese a combatirlas con vehemencia– no se puede entender sin analizar la intrahistoria del tribunal en los últimos meses, que tiene mucho que ver con al menos la aparente debilidad de un muro de contención que hasta hace poco parecía infranqueable. El confinamiento y las expectativas de renovación de un tercio del tribunal, paralizada por la ruptura de las negociaciones entre Gobierno y PP, han enrarecido el ambiente en el seno del TC. La salida de tres magistrados (tendrían que ser cuatro, pero Fernando Valdés renunció hace apenas unos meses al verse implicado en un caso de violencia de género) implicará movimientos en la presidencia y vicepresidencia del tribunal, vacantes que dejarán Juan José González Rivas y Encarnación Roca, respectivamente. Magistrados de distintas sensibilidades dentro del TC no han permanecido ajenos a esos movimientos, lo que de forma indirecta ha terminando envolviendo al 'procés'. En otros tiempos habría bastado la decena de escritos de descargo de Narváez para que la totalidad del Pleno rechazara una recusación «extemporánea e infundada». Sin embargo no fue así, y tras constatar Narváez que la minoría progresista iba a apoyarla, decidió retirarse voluntariamente para evitar esa imagen de fractura en el tribunal. La posterior abstención de Conde-Pumpido (tras ser recusado un mes después de que Narváez tirara la toalla) era inevitable. No podía haber una doble vara de medir teniendo en cuenta, además, que la intervención del ex fiscal general del Estado (en la que, según la defensa de Puigdemont, prejuzgó los hechos por los que luego condenaría el Supremo) había sido más explícita y contundente que la de su colega. Aún así, ninguno de los dos prejuzgó a quienes dos años después serían condenados por sedición, sino que se limitaron a abordar cuestiones jurídicas que ya habían sido resueltas por el TC. De ahí el malestar, la impotencia y la preocupación en el tribunal.

Y es que una de las consecuencias de estas abstenciones es que el TC se queda ahora con nueve magistrados, solo uno más del quorum mínimo necesario, para abordar los recursos del 'procés', lo que no deja de ser arriesgado ante cualquier imprevisto o el efecto dominó de una nueva recusación, pues aquí no hay reemplazos. El tiempo dirá si esta es la única partida que ganan los independentistas.