Conde-Pumpido comunica su abstención en los recursos relacionados con el 'procés'

Con esta renuncia Conde-Pumpido evita así que su recusación se aborde en un Pleno en el que, después del precedente de Narváez, no estaba nada claro que se apoyara de forma unánime su continuidad en estas deliberaciones. Hace apenas unas semanas, Antonio Narváez renunciaba a estudiar los recursos del 'procés' para «preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal pese a que presentó una batería de escritos motivando por qué su recusación debía rechazarse de plano. Sin embargo, la decisión del Pleno de aceptar aquella renuncia vinculaba ahora a los magistrados en esta segunda recusación, según señalaron a ABC fuentes del propio TC. Por eso este movimiento de Conde-Pumpido ha creado cierto alivio en el seno del órgano por cuanto el Pleno ya solo tendrá que aceptar esa recusación, que es lo previsible después de lo sucedido con Narváez, sin entrar en mayor debate o confrontación entre los magistrados. Entre la salida de Narváez y Pumpido de los recursos del 'procés' y la vacante de Fernando Valdés -que salió el tribunal tras su implicación en un caso de presunta violencia de género-, solo nueve magistrados de los 12 que componen el tribunal participarán en la resolución de estos recursos.

En el escrito de recusación que la defensa de Puigdemont presentó ante el TC y del que informó ABC, el abogado Gonzalo Boye sostenía que este magistrado «carece de la imprescindible imparcialidad» para poder ver los recursos que el procesado huido ha presentado contra varios autos del Tribunal Supremo relacionados con su cliente y que además Conde-Pumpido era ponente de esos recursos. El letrado aludía a la similitud de las ituaciones de Narváez y Conde-Pumpido e incluso llegaba a calificar como más grave la intervención del exfiscal general. En su caso las palabras que se reprochan a Pumpido fueron pronunciadas en un acto en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017, una vez incoada la causa del 'procés'. En su intervención, sostenía el letrado, el exfiscal general «afirmó la trascendencia penal de los hechos investigados» en la causa contra los líderes secesionistas.

«Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia . Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia -en concreto, la democracia directa para derrocar la Constitución», dijo entonces Conde-Pumpido.

Señala la defensa de Puigdemont que el magistrado habló ahí de las imputaciones de rebelión y sedición que entonces ya pesaban sobre los expresident y consejeros huidos «apuntando a la existencia de indicios suficientes de haber incurrido el recurrente en dichos tipos penales, cuestión esta -la de la existencia o no de indicios suficientes- que, precisamente, es uno de los elementos que cumple dilucidar en los recursos de amparo».

Añade que en esa conferencia Conde-Pumpido se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017 «de forma incluso más explícita» que Narváez, lo que le priva, insiste, «del más mínimo atisbo de imparcialidad».

Pero al margen de esta conferencia en concreto, la defensa del 'expresident' cree que hay una serie de circunstancias que deberían haberlo llevado al magistrado a abstenerse antes. Y alude a su condición de fiscal general del Estado y a su relación de amistad con uno de los fiscales del 'procés', Javier Zaragoza , además de haber designado o propuesto el nombramiento de la práctica totalidad de los fiscales del caso: también las de Consuelo Madrigal y Fidel Cadena.

«Cada uno de estos elementos, aisladamente considerados, quizá podría resultar insuficiente para poner en duda su apariencia de imparcialidad (...). Pero la acumulación de todos ellos pone seriamente en duda esa imparcialidad objetiva en esta causa», insiste Boye. El letrado pide que testifiquen en el marco de este procedimiento de recusación el propio Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Josep Borrell, este último para demostrar ese supuesto interés directo del magistrado en esta causa. Según refiere Boye, Conde-Pumpido habría buscado la mediación de Borrell con el Gobierno para pagar la defensa del juez Llarena ante Bélgica por la demanda civil que el interpuso Puigdemont, una defensa que la entonces exministra de Justicia Dolores Delgado le negó en un principio.