Moncloa destina 20.000 euros a contratar una maquilladora para Sánchez y los ministros

Lo cierto es que hace tiempo que los ministros del Gobierno decidieron ponerse en manos de estilistas cuando tenían previsto comparecer ante las cámaras. El caso más llamativo fue el de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, tan preocupada por ofrecer una buena imagen que acabaron llamándola «Teresa Fernández de la Vogue» e, incluso, el diario alemán «Frankfurter Allgemeine» la bautizó, a ella y a sus compañeras del Ejecutivo, como «socialistas fashionistas».

Hasta ahora, el Gobierno recurría a los llamados contratos menores para proveerse de maquilladores, pero la ley ya no permite hacerlo cuando las cuantías superan los 15.000 euros, si se trata de una prestación de servicios, ni tampoco autoriza las prórrogas. Por eso, Moncloa ha abierto un procedimiento de contratación simplificado para proveer al Gobierno de estilistas.

El contrato entrará en vigor el 1 marzo de 2021 y terminará el 28 de febrero de 2022, aunque podrá prorrogarse tres años más. El Gobierno prevé que, a lo largo del año, necesitará unas 75 sesiones de maquillaje/peluquería en Madrid y cinco fuera de Madrid. El precio máximo de cada sesión se estableció en 229,90 euros , IVA incluido, para las sesiones en Madrid, y de 459,80 euros en el resto de España .

Un dato llamativo es que el Gobierno evita hablar de «maquillaje» o «peluquería» en los documentos y denomina al expediente «Servicios especializados de imagen necesarios para las comparecencias y actos públicos en la Sala de Prensa del Edificio Portavoz del complejo de La Moncloa».

Según los documentos a los que ha accedido ABC, «estos actos podrán ser del presidente, la vicepresidenta, la portavoz u otros miembros del Gobierno», así como de autoridades o altos cargos nacionales, dignatarios extranjeros y otros que por su interés decida la Secretaría de Estado de Comunicación.

En el contrato se establece que «la prestación incluirá un servicio semanal, con carácter general los martes», que es cuando se celebra el Consejo de Ministros y la rueda de prensa posterior , y que, si se estima conveniente, podría incluirse «una sesión posterior a la finalización de la intervención pública». Se entiende que para la retirada del maquillaje.

Entre otros requisitos , el Gobierno exigía a quienes optaran a este contrato que acreditaran «mediante declaración responsable experiencia previa de al menos cuatros años» y en el ámbito audiovisual «específicamente en programas de televisión o en asistencia a personalidades, altos cargos o directivos en sus comparecencias en Televisión». Además, pedía que se señalara el «programa, productora, cadena de televisión y fechas» en los que se había trabajado.

El contrato también establecía que se adjudicaría «a la oferta económicamente más ventajosa, teniéndose en cuenta únicamente el criterio del precio». Al contrato optaron tres empresas : Acicala, Retok Studio SL y Ana Renedo, una maquilladora y peluquera que viene prestando sus servicios al Gobierno desde 2017, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy . Curiosamente, esta última profesional, especialista en maquillaje para cine, televisión e, incluso, para videoconferencias, presentó una oferta que fue considerada desproporcionadamente baja por la Mesa de Contratación el pasado 14 de diciembre y se le pidieron explicaciones por ello. Ana Renedo ofrecía sus servicios por 140 euros en Madrid y 180 fuera de Madrid.

Entre otras razones, Ana Renedo argumentó que la inversión ya estaba amortizada, que había decidido reducir su margen de beneficio, que había hecho un descuento de solo el 6,7 por ciento respecto al precio facturado con anterioridad (desde 2017 cobraba 150 euros por sesión) y que, además, utilizaba muestras o productos cosméticos que le aportaban gratuitamente las empresas.

La Secretaría de Estado de Comunicación dio «por válida la explicación» y consideró que su oferta era «seria y razonable», y la Mesa de Contratación propuso que se le adjudicara a ella el contrato, aunque se le dio un plazo para que presentara una documentación requerida, algo que finalmente recibió el visto bueno de la Mesa el pasado martes.

Entre otros documentos, a la maquilladora elegida se le ha exigido que firme una declaración en la que se compromete a mantener «absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a la que pueda tener acceso» «aún después de haberse extinguido la relación contractual».