La Ley de Memoria permitirá investigar hechos desde la muerte de Franco hasta la Constitución

Y, como hiciera nada más llegar al Gobierno, Pedro Sánchez vuelve a blandir la bandera de la memoria histórica como uno de sus mejores y más recurrentes recursos políticos. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Una evolución de la norma aprobada en 2007 y que en sus aspectos más destacados conllevará la modificación del currículum educativo, declarará «nulos de pleno derecho» los juicios franquistas, convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil , ilegalizará las asociaciones y fundaciones que hagan apología de los totalitarismos y facultará al Estado para dirigir y financiar un plan de exhumaciones. «No seríamos una gran democracia si no nos enfrentamos con valor, prudencia y justicia a nuestro propio pasado, como han hecho otros países», defendió ayer la vicepresidenta primera, Carmen Calvo , responsable de esta nueva norma.

La nueva norma impulsará medidas y acciones en el plano educativo incluyendo entre los fines del sistema educativo español «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». Para ello se actualizarán los contenidos curriculares de Secundaria y Bachillerato y los planes de formación inicial y permanente del profesorado .

Se asume como una «responsabilidad de Estado» la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Carmen Calvo reconoció que se tratará de un proceso largo. Reconociendo que «no sabemos a ciencia cierta a qué número de fosas nos tenemos que enfrentar». Se elaborarán planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas. Así como para su identificación. Se procede a crear un Banco Nacional de ADN de víctimas.

Se creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos entre la Guerra Civil y la Dictadura. Y aquí se introduce una cuestión fundamental, porque también se garantiza el derecho de investigación de sucesos ocurridos desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución Española . La norma también se preocupará de la investigación de incautaciones producidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Tras la exhumación de Franco , el objetivo del Gobierno es resignificar el Valle de los Caídos convirtiéndolo en un cementerio civil que rinda tributo a las víctimas de los dos bandos de la guerra, dijo Calvo. La presencia de la comunidad benedictina, dijo la número dos del Gobierno, es «incompatible» con la conversión a cementerio civil, por lo que en su momento se declarará extinguida automáticamente la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Todavía no está claro si el proceso de resignificación supondrá la demolición de la gran cruz que preside la actual basílica. Desde el Gobierno se plantea que toca ahora «un proceso de reflexión» sobre todas las cuestiones que tiene que ver con el Valle. De momento defienden que «resignificación es explicación» y que dentro de «explicar el significado del monumento» hay que considerar que «la cruz es uno de los símbolos fundamentales del nacionalcatolicismo».

Otro espacio que entrará en una nueva dimensión es el actual Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, que pasará a denominarse Panteón de España. Será una de las herramientas que utilizará el Gobierno para darle «perspectiva de género» a la cuestión . Pasando por reconocer su papel activo y singular en la lucha por las libertades, así como reconocer su «represión específica». Aquí Calvo destacó la figura de Clara Campoamor para ejemplificar su apuesta.

Quedarán declaradas nulas todas las resoluciones y condenas dictadas «por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos». Esta es la vía que servirá para anular el juicio al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys.

La norma obligará a una modificación de la ley de asociaciones para prohibir aquellas entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo . Así, las entidades que o bien reciban fondos públicos o que aún no recibiéndolos «promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales» serán ilegalizadas.

La norma incluye un régimen sancionador que comprende desde los 200 euros hasta los 150.000. Los casos con sanción más grave serían los actos de exaltación de la contienda o del régimen que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación» de los represaliados. Así como el traslado de víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura sin autorización administrativa y la destrucción de fosas comunes. La número dos del Gobierno intentó en su exposición abrir el foco, asegurando que se trata de poner en valor los dos siglos que han transcurrido en nuestro país desde que se planteasen los primeros cambios políticos en favor de estructuras democráticas. Pero lo cierto es que las principales medidas planteadas por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se circunscriben al periodo de la Guerra Civil y el franquismo.