El Gobierno sólo ha abierto diez fosas comunes de la guerra civil desde que Sánchez llegó a Moncloa

En algo más de dos años, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrátic a , encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo , admite que el Ejecutivo únicamente ha participando en los trabajos que se han llevado a cabo en diez fosas comunes diseminadas por toda la geografía española. Concretamente, el Gobierno ha tomado parte de una u otra forma en los procesos de exhumación de las fosa de Utrera (Sevilla), Nerva e Hinojos (Huelva), Pinos Genil (Granada), Angües (Huesca), Alcañiz (Teruel), Fuentes de León y Puebla del Maestre (Badajoz), Navalmoral de la Mata (Cáceres) y San Pedro de Cardeña (Burgos). No todas estas actuaciones llegaron, sin embargo, a buen puerto y, a tenor de los cálculos del gabinete de Calvo, únicamente en cinco ocasiones fue posible rescatar restos óseos de las fosas comunes sobre las que se trabajó.

En los casos de Utrera, Hinojos y Puebla de Maestre, el ministerio reconoce que no se pudieron encontrar, pese a los estudios y sondeos sobre el terreno –hasta 31 en el caso de la localidad sevillana–, las fosas comunes donde debieran estar los restos de víctimas de la guerra civil y el franquismo . Algo similar ocurrió en la fosa de San Pedro de Cardeña, donde la presencia de «múltiples restos mezclados procedentes de diferentes épocas hizo inviable exhumar a las víctimas de la guerra civil», como revela el ministerio en su respuesta a una pregunta formulada por ABC a través del Portal de Transparencia .

En el lado opuesto están las fosas de Nerva, donde fueron rescatados 20 cuerpos; Pinos Gentil, con cinco; Angües, con 17 esqueletos desenterrados y sometidos a análisis genéticos; Alcañiz, diez cuerpos; Fuentes de León, doce exhumados; o Navalmoral de la Mata, donde se identificaron cinco cuerpos que están pendientes de exhumación.

De manera paralela, el gabinete ahora denominado de Memoria Democrática apostilla que también se han realizado «labores prospectivas» que no fueron acompañadas de excavaciones ni exhumaciones en otros dos lugares. Por un lado está la investigación de los enterramientos del cementerio de la Salud de Córdoba y, por otro, las prospecciones efectuadas con técnicas de georradar en Alfacar y Viznar, ambas localidades de Granada.

El equipo de Calvo, al tenor de las declaraciones de la vicepresidenta durante el verano, tiene previsto arrancar este complicado curso político tras el estallido de la pandemia de coronavirus con una nueva ley de Memoria Histórica , que sustituirá a la de 2007, obra del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero .

La número dos del Gobierno ha heredado las competencias que asumió durante la pasada legislatura la oficina de la exministra de Justicia Dolores Delgado . La actual fiscal general del Estado, como ahora hace Calvo, pregonó en numerosas ocasiones su compromiso con las víctimas de la guerra civil y la dictadura . No obstante bajo su mandato, y al margen de un puñado de actos conmemorativos sobre el exilio republicano y el traslado de Franco desde el valle de Cuelgamuros al cementerio de Mingorrubio, el ministerio apenas tomó parte en los procesos de exhumación, como ponen de manifiesto estos datos a los que ha tenido acceso ABC. Por ende, todo el peso en esta materia recayó sobre las administraciones locales y regionales y las subvenciones que pudieran otorgar de sus propios fondos –mucho más modestos que los del ministerio– a asociaciones de Memoria Histórica, encargadas de acometer después las labores de localización y desenterramiento de los restos de los fallecidos.

En sus últimos meses como ministra de Justicia y a rebufo de la exhumación de Franco, Delgado llegó a poner plazo a la apertura de todas las fosas comunes de España: unos seis años a partir de 2019 , dijo en una ocasión. Su gabinete también filtró que antes de que el pasado ejercicio tocara a su fin, el ministerio procedería a la exhumación de unas 13 fosas comunes más. No obstante, a día de hoy y como reconoce el departamento que dirige su sucesora, la participación del Gobierno en las exhumaciones se limita a diez procedimientos en dos legislaturas.

Al margen de la crisis del coronavirus , la incapacidad del Gobierno en los meses previos a la pandemia para lograr aprobar unos Presupuestos tampoco benefició a este problema. De hecho, en la nómina de contratos menores otorgados por Justicia en la pasada legislatura únicamente hay dos relacionados con esta materia. Se trata de dos estudios por importe de 14.800 euros cada uno, al límite permitido por ley para entregar contratos a dedo. El primero fue dado para localizar fosas comunes en Córdoba mientras que el segundo perseguía conocer el estado en el que se encuentran las investigaciones sobre fosas comunes de la guerra civil y el franquismo en España. Este contrato fue otorgado a la sociedad Aranzadi, que cuenta con el antropólogo forense Francisco Etxeberria como una de sus cabezas visibles.

Ahora la vicepresidenta Calvo es quien vuelve a empuñar la bandera de la Memoria Histórica. Además de la nueva ley que quiere desarrollar, su ministerio publicó en el BOE a finales de julio una convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva para financiar estos proyectos. Establece ayudas de hasta 30.000 euros para los procesos de exhumación que, como apuntan fuentes cercanas a esta materia, pueden ser insuficientes en las grandes fosas, por lo que no descartan que la nueva ley articule las exhumaciones a través de licitaciones en lugar del mecanismo actual de subvenciones.

A falta de que el nuevo texto se haga público, el Gobierno vuelve a apoyarse en la Memoria Histórica en un momento complicado, anunciando ambiciosos planes que ya no son nuevos para muchas familias, esas que llevan años esperando que, de una vez por todas, las promesas se cumplan y no se queden, otra vez, en palabras baldías.