La Justicia y la RAE tumban a Interior una oposición multitudinaria a la Policía

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió el pasado 28 de abril una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, por la que estima parcialmente el recurso que presentaron nueve aspirantes a las más de 2.500 plazas de Policía Nacional que convocó Interior en mayo de 2019. Tras superar las pruebas físicas, los candidatos se enfrentaron a un examen de conocimientos, que incluía un test de ortografía con ocho minutos de tiempo máximo para responder si 100 palabras estaban bien o mal escritas.

Esta segunda fase de la oposición la superaron menos de 5.000 aspirantes, entre otras cosas porque muchos de ellos se quedaron por debajo de la nota de corte cuando el tribunal calificador les dio por incorrectas varias de esas respuestas que, en realidad, no lo eran. Por ejemplo, 'reditar' y 'preminente' , con una 'e' en lugar de dos. O las siglas LGTBI y la palabra 'cibertaque '. Miles de aspirantes respondieron que todas ellas estaban bien escritas, pero el tribunal se las corrigió como error, alegando que no aparecen en el Diccionario de la RAE.

Cientos de ellos presentaron entonces un recurso de alzada ante la Dirección General de la Policía, aportando incluso un informe de la propia RAE que daba por válidas esas palabras con un argumento muy sencillo: que no estén en el diccionario no implica que sean incorrectas . Dicha aclaración fue elaborada por el Departamento de Español Al Día del Centro de Estudios de la RAE y en sus conclusiones dejaba claro que todas ellas «son palabras plenamente correctas a todos los efectos también desde el punto de vista ortográfico» aunque no estén en su diccionario, que incorpora sólo las formas más habituales. Sin embargo, la Dirección General de la Policía ignoró a la máxima autoridad de la lengua española y rechazó esos recursos en junio de 2020.

Los afectados acudieron entonces a la Justicia, que acaba de dar la razón a los nueve primeros, aunque hay más de 800 que han presentado recursos por el mismo motivo. Esta primera sentencia del TSJM destaca que el Diccionario de la RAE «no es únicamente un compendio de las palabras y letras correctas de la lengua española», ya que incluye sólo las más usuales, como se explica en su preámbulo, advertencias y observaciones. Y, por tanto, «no excluye que sean correctas otras variantes gráficas no recogidas en el mismo, pero perfectamente válidas ».

El test del Ministerio del Interior no preguntaba si esas palabras estaban o no en el diccionario, sino si eran correctas. Y lo son, como ya explicó la RAE en ese informe que los afectados presentaron sin éxito ante el ministerio hace dos años y que el TSJM considera «suficientemente claro y preciso». Incluso, califica de «inadmisible» y «completo sinsentido» que el Ministerio del Interior puntuara esas palabras como «incorrectamente escritas».

Lo que no ha admitido el TSJM es la segunda parte del recurso de los opositores para anular también la decisión de Interior de elevar la nota de corte de esa prueba ortográfica al 6,2. Considera que el ministerio sí podía tomar esa medida, entre otras cosas para reducir considerablemente el número de aspirantes que pasaron a la tercera fase, la del reconocimiento médico y la entrevista personal. Si la nota hubiera sido de 5, como en otras pruebas, habrían llegado a la última fase más de 11.000 aspirantes . Al elevar la nota de corte y con los mencionados fallos de corrección, lo hicieron menos de 5.000.

Ángel Galindo es el abogado de los nueve aspirantes que han ganado este primer recurso ante el TSJM y representa también a otros 400, la mitad de los que llevaron el caso a la Justicia. Explica a ABC que entre 2.000 y 3.000 afectados que no recurrieron ya se han empezado a organizar para acogerse a esta sentencia y las que pronostica que se irán sucediendo en el mismo sentido con el resto de recursos presentados ante la misma Sección Séptima de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

Galindo denuncia que Interior ha actuado con «mala fe y prepotencia» , porque «ha hecho perder el tiempo a todos estos chicos durante dos años, cuando era innecesario» si hubiera atendido el informe de la RAE que le aportaron los afectados ya en 2020. El ministerio puede ahora recurrir esta primera sentencia ante el Tribunal Supremo, para lo cual tiene un plazo de 30 días, que vence el próximo 17 de junio, ya que la sentencia se notificó ayer mismo. Fuentes de Interior apuntan que, en principio, no tienen intención de recurrirla.