La investigación sospecha que hay un nexo oculto entre González y Gallardón

Tanto la UCO de la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que investigan la trama, sostienen que la red ha actuado al menos desde 2002 –por lo tanto, se trata de una estructura estable– y se valió de una compleja maraña de sociedades para canalizar los beneficios procedentes de operaciones realizadas por el Canal de Isabel II y blanquearlos posteriormente. Para ello disponían de una treintena de personas que ejercían diferentes roles pero que obedecían las instrucciones de sus jefes , y por si fuera poco tenían una evidente capacidad de influencia sobre la administración pública madrileña para conseguir sus propósitos. Todos ellos, requisitos de una organización criminal.

Una de las incógnitas es el papel real jugado por el también investigado Alberto Ruiz Gallardón , expresidente de la Comunidad de Madrid que fue el máximo responsable de la operación irregular de compra de Inassa en 2001 por parte de la empresa pública Canal de Isabel II. La hipótesis es que entre él y González hay un nexo, desconocido de momento para los investigadores. Solo así se explica que este último no denunciara a su antecesor cuando supo de los manejos que se habían hecho en la adquisición de la filial iberamericana, que forzosamente Gallardón tuvo que conocer porque fueron aprobados en Consejo de Gobierno.

De hecho, según las pesquisas, hay indicios claros de que en la planificación y ejecución de las operaciones irregulares del Canal de Isabel II en Iberoamérica, con un presunto desvío de fondos públicos –el hombre de González en la zona, Edmundo Rodríguez Sobrino, habla de un robo de 25 millones de euros a las arcas públicas – no se podría haber perpetrado sin Gallardón. La iniciativa le fue presentada, al menos formalmente, por su consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja , a la sazón presidente de la empresa pública, y el visto bueno del consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo . Ambos también serán llamados a declarar como investigados.

En principio, los hechos imputables a estos tres altos cargos de la Comunidad podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, si bien el primero de ellos está prescrito. Eventualmente podrían aparecer otros, si es que además alguno se benefició económicamente. Los registros de esta semana en Colombia, adelantados por ABC el pasado miércoles, han aportado información muy importante para la causa y además aún queda por analizar la mayor parte de la documentación intervenida.

En 2001 el Canal constituyó Canal Extensia para su expansión en Iberoamérica, a través de la compra del 75 por ciento de Inassa y el 51 de Watco. El precio fueron 73 millones de euros, pagados a través de la instrumental Sociedad Aguas de América, con sede en Panamá. El valor de Inassa era de algo más de 23 millones de euros , por lo que la operación no tenía lógica económica. La firma instrumental se disolvió nada más hacerse la operación (ver gráfico), que por lo demás no estaba amparada por los estatutos del Canal.

En la actualidad, el accionariado de Inassa estaría en un 81,24 por ciento en manos del Canal Extensia, un 18,76 de la panameña Sociedad de Latina de Aguas y un porcentaje pequeño en manos de particulares, entre ellos colombianos a los que la DEA relaciona con el narcotráfico y el blanqueo. Sin embargo, estos últimos ocupan cargos de relevancia en la empresa.

Existen informes de la Cámara de Cuentas de Madrid de 2002, 2003, 2005, 2013 y 2015 que alertaban de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Iberoamérica, que pudo deberse, a juicio de los investigadores, a la intención de los responsables de la Comunidad de eludir los controles sobre ese holding público. La Inspección General de la Administración del Estado, en junio de 2016, concluyó que había «una situación potencial de riesgo y de falta de control».

Es llamativa la coincidencia de la composición de los órganos de adminiastración de algunas sociedades con la propia Inassa, lo que podría apuntar a la existencia de una estructura societaria creada y utilizada para desviar y ocultar las plusvalías generadas, que ascendieron a más de 41 millones de euros, mientras que el coste total de la operación, tras una ampliación de capital, fue de 97.422.000.

La operativa de cobro de las plusvalías confluye en el bufete panameño De Obaldía y García de Paredes , vínculo entre las ya citadas Sociedad de Aguas de América, Sociedad Latina de Aguas y los empresarios colombianos relacionados con el narcotráfico y blanqueo de dinero, que pudieron obtener importantes beneficios. Asimismo, dos ciudadanos españoles habrían sido el nexo entre todas las partes.

Las conversaciones grabadas también aportan datos de enorme interés. Es muy relevante una del 11 de noviembre de 2016 en la que Ignacio González , en una reunión con el exministro Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot celebrada en el despacho del primero, explica: «Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones».

En esa misma reunión, recogida en el sumario, González vuelve a situar a Gallardón en el epicentro de las irregularidades: «Yo no soy como esta gilipollas (por Cristina Cifuentes ) que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo , pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar».