Los investigados de Lezo movieron fondos en el extranjero tras su detención

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los arrestaron el pasado 19 de abril. Más de dos semanas después, concretamente el 5 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional que inició la instrucción de la causa, Eloy Velasco , dictó un auto en el que aseguraba que «en la actualidad» los investigados están realizando movimientos de fondos desde cuentas radicadas en el extranjero, de origen presuntamente ilícito. Según fuentes consultadas por ABC, estos movimientos están vinculados a las operaciones investigadas en la causa.

La Audiencia Nacional está tras la pista de decenas de empresas, cuentas e inmuebles en distintos países de Hispanoamérica, y señala a la hija de Rodríguez Sobrino, Patricia, como una de las personas que estarían maniobrando para ocultar el botín una vez descabezada la trama. Los indicios apuntan a que Patricia Rodríguez controla patrimonio oculto de su padre Edmundo Rodríguez, tras su encarcelación. Los investigadores apuntan a que la presunta testaferro es dueña de cuentas bancarias y de inmuebles fuera de España que en realidad serían de su padre y cuyo origen estaría en los fondos malversados.

Según fuentes jurídicas, el magistrado, que dejó el Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 25 de mayo para ocupar una plaza en la Sala de Apelaciones, realizó estas consideraciones para justificar la comisión rogatoria que cursó a Colombia. Entre las medidas que el juez pedía a Bogotá está el registro de un apartamento propiedad de Patricia Rodríguez en una lujosa avenida de la ciudad de Barranquilla. Velasco sospecha que esa vivienda podría haber sido adquirida con fondos ilícitos obtenidos por Edmundo Rodríguez, que habría usado a su hija como testaferro. El magistrado argumenta que Edmundo Rodríguez, consejero del diario «La Razón», acudía a Barranquilla con frecuencia por su actividad profesional en Inassa.

Además, Patricia Rodríguez posee otro inmueble en Puerto Plata (República Dominicana), que fue adquirido en fechas muy próximas a la compra por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao el 14 de noviembre de 2013. Esta adquisición, uno de los principales delitos investigado en el caso Lezo, se produjo por 31 millones de dólares , pese a que el patrimonio de Emissao a cierre de 2013 ascendía a solo 10,27 millones.

Dos años después la sociedad tan solo tenía un patrimonio de cinco millones, por lo que el negocio fue ruinoso para las arcas públicas madrileñas, esquilmadas gracias a la influencia de Ignacio González, a cuyas órdenes respondían los integrantes de la preseunta organización criminal.

La mafia creada alrededor de la empresa pública del agua madrileña se lucró presuntamente con el cobro de comisiones en la operación Emissao.

En esas fechas, Edmundo Rodríguez habría realizado alguna otra inversión inmobiliaria en Colombia. Su hija suma otra casa en Londres y tiene varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey.

Además de las operaciones en Brasil y Colombia, la trama del Canal operó en Panamá, Haití y la República Dominicana, incluyendo el soborno a funcionarios y políticos locales. Fruto de estos negocios ilegales, Edmundo Rodríguez, según los indicios descubiertos por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, generó un patrimonio oculto tras la figura de su hija.

La del apartamento de Barranquilla es solo una de las entradas y registros que Velasco solicitó a las autoridades colombianas. El juez también pidió la misma medida en el domicilio social de la sede de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) en la misma ciudad colombiana y en el de Triple A S.A., además de varios domicilios particulares.

El pasado 1 de junio, la magistrada Carmen Lamela , en funciones de guardia en el Juzgado de Instrucción número 6, amplió la comisión rogatoria a Colombia para incluir los movimientos de todas las cuentas que tienen en el país las personas físicas y jurídicas de la trama, así como la interceptación de cajas de seguridad en entidades financieras y cualquier patrimonio inmobiliario.

Además de la ocultación de fondos, el magistrado incide en el hecho de que los miembros de la trama intentaron dificultar las pesquisas antes de su detención, cuando fueron alertados. Se reunieron en varias ocasiones para acordar cómo ocultar o destruir documentos comprometedores.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó ayer la denuncia que el partido político Contrapoder interpuso contra el magistrado Eloy Velasco por su presunta falta de imparcialidad en la investigación al expresidente de la Comunidad de Madrid, que continúa en prisión provisional por orden del antiguo instructor de la Operación Lezo, informa Marce Abad.

La denuncia derivó de unas informaciones sobre una grabación intervenida a Ignacio González , en la que aseguraba que el magistrado le había solicitado en el pasado un puesto de trabajo para su mujer. Por este motivo Velasco le preguntó antes de tomarle declaración como investigado si consideraba que debía abstenerse de conocer de la causa, a lo que este respondió con una negativa.

«Resulta necesario que la conducta denunciada aparezca mínimamente probada y no genéricamente invocada, sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis», dispone el órgano de gobierno de los jueces en la resolución por la que archiva las actuaciones contra Velasco. Ello «no sucede en el presente caso, en el que el denunciante se limita a reproducir simples noticias periodísticas o supuestas sospechas carentes de sustento».