Santi Vila ingresa en prisión por «solidaridad» con sus compañeros y mañana pagará la fianza

Así lo ha dicho el abogado de Vila, Pau Molins, a los periodistas tras conocerse la decisión de Lamela, que ha decretado p risión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsejeros del Govern, mientras que ha puesto una fianza de 50.000 euros a Vila para poder salir de la cárcel. Según Molins, Vila estaba yendo hacia la cárcel a esta hora porque, como le ha dicho personalmente, quería estar hoy «junto con los otros compañeros y en solidaridad con ellos».

Por otro lado, el letrado del exconsejero de Empresa ha considerado que la citación por la querella contra su defendido llegó en un plazo muy corto de apenas 24 horas y, por lo tanto, ha dado lugar a una «indefensión gravísima e impensable». Ha añadido que Vila ha respondido en el interrogatorio de la juez a todas las partes, lo que no ha hecho el resto, porque «no tiene nada que esconder».

El abogado ha reprochado al fiscal que pidiera fianza porque ha visto riesgo de fuga en Vila solo por el hecho de que Puigdemont y otros cuatro consellers estén fuera de España, en concreto en Bélgica. Sin embargo, eso «no es extrapolable porque cada uno responde de sus actos» aunque forme parte de un mismo gobierno. Molins ha asegurado que es «pública y notoria la capacidad de diálogo y consenso» de Vila en su negociación con el Gobierno español y con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para «buscar una salida pactada en este conflicto» .

Sin embargo, ante la imposibilidad de que se acordara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), por un lado, y de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución por otro, Vila presentó su dimisión antes del pronunciamiento del Parlament de finales de octubre. El letrado de Vila ha insistido en la indefensión «inédita» en la Justicia, que ha originado la notificación de la querella, de 120 folios, con 24 horas y ha censurado a Lamela que no haya acordado los mismo que el Tribunal Supremo, que ha aplazado al día 9 las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cinco miembros de la Mesa. Asimismo, ha visto «desproporcionado» que se impute a los exmiembros del Govern un delito de rebelión cuando éste lleva implícito un «alzamiento violento».