El Gobierno pretende reformar la sedición de espaldas al Consejo de Estado y al CGPJ
El PSOE no descarta la vía urgente que permita aprobar el cambio antes de verano
Se revisarán los delitos sexuales, los ambientales y el maltrato animal para complicar el «no» del PP
Aunque tanto la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , como el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias , subrayaron ayer que la reforma de los delitos de sedición y rebelión se encuentra en estado «primigenio», La Moncloa tiene claro que quiere un proceso ágil que allane el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales. De ahí la necesidad de impulsar la reforma desde el Congreso y no desde el Gobierno.
Si el texto nace desde el Grupo Socialista en la Cámara, tomará cuerpo de proposición de ley y evitará al Ejecutivo realizar un anteproyecto de ley orgánica del que tendrían que informar al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un trámite que consumiría mínimo seis meses pero que, sobre todo, supondría someter el texto al escrutinio de dos órganos consultivos que no dependen del Gobierno y que podrían informar desfavorablemente sobre la reforma.
Naciendo del Congreso, el Ejecutivo ya convierte así la reforma en exprés al despejarle este trámite, pero aún puede darle más velocidad y conseguir que esté aprobada antes del verano. El Reglamento de la Cámara prevé varias opciones para reducir plazos y aunque la fórmula de tramitación aún no está decidida, la dirección socialista no descarta ninguna. Así lo expresó ayer Lastra. Una posibilidad es tramitar el texto por la vía de urgencia. Este camino permite reducir el tiempo a la mitad y el único requisito necesario es controlar la mayoría de la Junta de Portavoces que es el órgano que tiene que aprobar el sistema abreviado. Una exigencia que el PSOE cumple junto a sus socios de investidura.
El PSOE puede pedir también la aprobación en lectura única para reducir el plazo de enmiendas. Si en leyes ordinarias este trámite dura meses, con esta ví a se puede limitar a menos de 48 horas . Con esta fórmula, la reforma no tendría que pasar por la Comisión de Justicia y eludiría el habitual trámite de comparecencias. Solo sería debatida para ser tomada en consideración y después para ser aprobada antes de ser remitida al Senado. Para aplicar esta fórmula de tramitación, tanto la Mesa como el Pleno deben dar su aprobación, pero es suficiente la mayoría simple que Sánchez ostenta.
El Reglamento reserva este procedimiento abreviado para los textos cuya «naturaleza lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita», por lo que este camino no estaría exento de polémica si finalmente se utilizara para una reforma del Código Penal. No obstante, incluso siguiendo el procedimiento ordinario los socialistas podrían tener la reforma aprobada en un plazo muy breve de tiempo ya que al controlar la Mesa del Congreso junto a Podemos pueden, por ejemplo, no permitir prórrogas en el trámite de enmiendas. Su mayoría en las comisiones también les da la opción de acelerar al máximo el trámite de ponencia en la Comisión de Justicia.
Arrinconar al PP
PSOE y Unidas Podemos (UP) se emplean en explicar y justificar la «necesidad» de la reforma del Código Penal que el Gobierno ya está «armando». Lastra manifestó en TVE que se trata de «una reforma amplia para adecuarlo a los tiempos» . Por su parte, Iglesias suscribió en Telecinco las palabras de la vicepresidenta primera: «Hay que adecuar nuestra legislación a los estándares europeos» .
La reforma llevará consigo modificación de otros delitos, como, por ejemplo, los sexuales, los relativos al maltrato animal, los medioambientales o el abuso infantil, según expresaron Lastra e Iglesias. La estrategia del Gobierno es que el cambio en los tipos penales de sedición y rebelión vayan envueltos en un paquete de modificaciones que arrincone al Partido Popular y compliquen su «no».
La oposición reprocha a Sánchez un «indulto oculto» porque la rebaja favorecería al líder preso de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por sedición en el «procés». Al otro lado, Lastra dijo que se votará en el Congreso e Iglesias aseguró que no forma parte del acuerdo con ERC.
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