El 'Gobierno bonito' de Sánchez para maquillar la radicalidad de sus socios

Ese grupo de ministros resilientes empezó con un Ejecutivo monocolor del PSOE, que contaba entonces con apenas 85 diputados, y ha llegado vivo políticamente con otro de coalición con Unidas Podemos. Por el camino, varios han visto aumentadas o disminuidas sus funciones en el Ejecutivo. Montero compaginó entre enero de 2020 y julio de 2021 la portavocía del Gobierno con su puesto de máxima responsable de la Agencia Tributaria.

Calviño empezó de vicepresidenta tercera, el rango que el propio Sánchez se comprometió a darle en la campaña electoral de noviembre de 2019, aún en un periodo de gran confrontación con Podemos, y ha terminado de vicepresidenta primera, tras la salida del Gobierno hace un año de Carmen Calvo , quien hasta entonces también era de las ministras que habían estado con Sánchez desde el principio.

Lo mismo le pasó a otros 'camisas viejas', como José Luis Ábalos , al frente de Transportes desde ese 9 de junio de 2018; a Isabel Celáa , primera titular de Educación y primera portavoz gubernamental antes de la coalición con Unidas Podemos y al que fue una de las estrellas rutilantes de aquel 'Gobierno bonito' -como lo definiera el difunto columnista de ABC, Juan Pablo Colmenarejo - el astronauta Pedro Duque , que después de tres años cedió a Diana Morant Ciencia. También ascendió Teresa Ribera, uno de los pilares económicos del Gobierno, que hace un año alcanzó el rango de vicepresidenta tercera, tras haber tenido el de cuarta tras constituirse la coalición.

En un plano más discreto ha seguido otro veterano del PSOE, Luis Planas. Su ministerio ha cobrado protagonismo en varios momentos por las reivindicaciones del campo, muy afectado por la crisis de los precios del carburante, exacerbada exponencialmente desde la invasión rusa de Ucrania . Y siempre han estado en primera línea de los gobiernos de Sánchez, por la naturaleza de sus carteras (de las consideradas tradicionalmente 'de Estado') y por su propio perfil, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

El primero, al que jalonaba en 2018 su trayectoria como juez combativo contra ETA, primero como magistrado de instrucción en Bilbao, y luego en la Audiencia Nacional, había sido vinculado al PP, partido gracias al que llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Robles, por contra, estaba vinculada al PSOE desde que fue secretaria de Estado de Interior con Felipe González . Eran dos de los tres juristas de reconocida trayectoria de aquel 'Gobierno bonito' con el que Sánchez trató de maquillar la realidad de los socios radicales con los que salía adelante, el pecado original de su Presidencia que le acompaña hasta la actualidad, donde formaciones como ERC o Bildu son el combustible que mueve la legislatura, tras haber facilitado no solo la investidura sino, por dos veces, que salieran adelante los Presupuestos, además de incontables reformas legales.

La tercera jurista que aparecía en aquella foto inaugural de junio de 2018 era Dolores Delgado, que ocupó la cartera de Justicia para menos de dos años después pasar, sin solución de continuidad, a la Fiscalía General del Estado, donde sigue. Una puerta giratoria por la que pusieron el grito en el cielo las asociaciones profesionales y que nunca fue del agrado de Podemos. «¿De quién depende la Fiscalía?» se había llegado a preguntar retóricamente Sánchez durante una entrevista en Radio Nacional en la campaña de 2019. Una interrogante que quedó más clara tras ese nombramiento.

En aquel primer Ejecutivo también hubo otro nombramiento encaminado a disimular la alargada sombra de la coalición negativa que lo alumbró, en la que se incluían las formaciones separatistas que apenas meses antes habían protagonizado el golpe al Estado de 2017, a cuyos responsables terminaría indultando el propio Sánchez. Se trató de la elección para Asuntos Exteriores del veterano socialista Josep Borrell , hoy Alto Representante de la Comisión Europea.

Es verdad que en la batalla interna del PSOE, en la que Sánchez fue defenestrado en 2016 y luego resucitó ganándole las primarias en 2017 a Susana Díaz, Borrell siempre estuvo, de manera tan activa como rotunda, de parte de Sánchez. Pero al mismo tiempo, el leridano siempre ha sido un azote de los independentistas, con los que no tardó en chocar como ministro. Así quedó de manifiesto en un tenso pleno parlamentario que los diputados de ERC abandonaron airadamente tras espetarle Borrell a Gabriel Rufián que convertía sus intervenciones en el Hemiciclo en, dijo, «una mezcla de serrín y estiércol».

La figura de Borrell, o las de Calviño y Ribera, lanzaban una imagen sin estridencias también hacia Bruselas, muy preocupada entonces por el gobierno populista en Italia, una coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y La Liga, del que Matteo Salvini era su polémico vicepresidente. Aquel gabinete transalpino terminaría, no en vano, sustituido por el actual gobierno de concentración de Mario Draghi , exgobernador del Banco Central Europeo.

Sánchez sabía entonces que sus aliados eran un talón de Aquiles que podía lastrar su acción en las instituciones comunitarias y, en general, ante la comunidad internacional. El mismo problema que se encuentra este 2022 ante el boicot abierto de su socio, Podemos , a la cumbre de la OTAN que se celebrará a finales de mes en Madrid.

El 'Gobierno bonito', por lo demás, fue dándose a conocer mediante un medido goteo de anuncios, uno por cada ministro, que empezaron a dejar claro que a La Moncloa había llegado un dirigente muy preocupado por el marketing político , la tarea de la que se encargó, hasta su defenestración de hace un año, el ínclito Iván Redondo. Pero ya el último de esos anuncios salió rana. El presentador televisivo Maxim Huerta apenas duró una semana como ministro de Cultura, lo suficiente para que una revelación mediática sobre su proceder fiscal le convirtiese en el primer cesado por Sánchez. La segunda, en septiembre, fue Carmen Montón , obligada a dimitir de Sanidad al saberse que plagió su tesis.

El 'Gobierno bonito' empezaba a mostrar sus costuras. Pero además Sánchez, que en la oposición había tildado al entonces presidente catalán, Quim Torra , como «el Le Pen español», se embarcó en el primero de sus acercamientos a una Generalitat en plena rebeldía, que amenazaba con repetir lo sucedido en 2017. El Gobierno llegó a reconocer la figura de un «relator», como si de un conflicto internacional y de dos estados soberanos se tratase. Pero ni siquiera esas cesiones, contra las que PP, Ciudadanos y Vox movilizaron a miles de españoles en la calle, le permitieron a Sánchez aprobar sus primeros Presupuestos. El proyecto de cuentas públicas, pactado con Podemos, no pudo salir adelante por el rechazo de los grupos independentistas. Y Pedro Sánchez convocó elecciones para abril de 2019, pero eso es ya otra historia.