Gallardón está imputado por malversar y «depredar» el patrimonio de Madrid

La Fiscalía detallaba en ese escrito, que consta en el sumario, cómo se había llevado a cabo la compra «fraudulenta» de Inassa, la filial americana del Canal de Isabel II en 2001, y argumentaba que el procedimiento «apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón». Desde enero hasta ahora, a Gallardón no se le ha citado a declarar, pero será llamado por el juez Manuel García Castellón cuando concluya una diligencia pendiente, según las fuentes consultadas por ABC.

Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez pedían al juez Eloy Velasco que ordenara «expresamente» dirigir el procedimiento contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 (origen de Canal Extensia); el consejo de Administración del Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño Canal Extensia e Inassa y aquellas autoridades o funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación «sin reparo alguno». Una operación que para el Ministerio Público constituye un delito de malversación de caudales públicos y en la que se investiga una plusvalía ilícita de 66 millones de euros a costa del erario.

Para la Fiscalía estamos ante una estructura presuntamente criminal que se formó por personas físicas y jurídicas integradas en el sector público. Los investigados «abusaron» de su posición de prevalencia en la administración madrileña para su enriquecimiento ilícito a costa del erario público y esa actuación se proyectó entre 2001 y 2016.

En ese amplio periodo, la actividad delictiva abarcó ejecución de obra pública con presuntos amaños; inversiones nacionales e internacionales del Canal de Isabel II para obtener plusvalías ; adjudicación de contratos públicos con el fin de financiar ilegalmente al PP y creación de la citada estructura para ocultar los fondos.

La Fiscalía establece una actividad continuada: la compra de Inassa se desarrolló en 2001, con Gallardón, pero el pago se prolongó hasta 2012, con Ignacio González ya al frente de la Comunidad , que además presidía el Canal desde 2003. Edmundo Rodríguez Sobrino estuvo al frente de Inassa desde 2006 hasta que lo cesó Cristina Cifuentes en 2016 por los «papeles de Panamá». La vinculación la establecen los fiscales a través del conocimiento total que tuvieron González y Rodríguez de la operación fraudulenta que «ocultaron y permitieron el pago» hasta 2012. «Presuntamente Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González», subrayan en su escrito.

Anticorrupción sustenta esta conclusión además en varias escuchas captadas en la investigación. En una de ellas entre González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot, el segundo se extraña de que «Alberto no les vendiera el Canal». González responde los siguiente: «No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto pero desde luego su gente sí que fue a comprar el Grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por cien, con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá con una diferencia fiscal de veinte millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II (...) No soy como esta gilipollas que me ha sustituido», presumía el expresidente madrileño.

En un auto dictado al día siguiente de que los fiscales pidieran la imputación, el juez Alejandro Abascal que estaba de refuerzo en el Juzgado de Eloy Velasco consideraba que el tema Inassa había que separarlo de la causa principal, entre otros argumentos porque no tenía relación con la compra de Emissao en 2013 ni con González y el resto de investigados.

Como se ha dicho, en enero la Sala dio la razón a los fiscales y el procedimiento de Lezo se dirigió también contra el exministro de Justicia. Pero esa decisión acarreó más consecuencias. El 17 de abril, el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix , ordenó a los fiscales que abrieran una pieza nueva con Inassa y que los registros programados no afectaran a esa parte. Sus subordinados tuvieron que recordarle la decisión de la Sala y él llegó a decirles que no les relevaba de la causa porque no había tiempo. Se acogieron al artíbulo 27 del Estatuto Fiscal y fueron respaldados por sus compañeros. Fue el primer gran problema de Moix.