La UCO investigó a las dos asistentas de González por si les pagaba en negro

La Guardia Civil explicaba en su informe al juez que del análisis de las conversaciones se podía inferir que el exresponsable de la Comunidad y su familia «podrían hacer uso de dinero no declarado» y que los interlocutores ponían en duda «su nivel de vida no ajustado a las retribuciones percibidas por sus actividades profesionales». «Cabría la posibilidad de que parte de los fondos empleados para sustentar los gastos domésticos tuvieran una procedencia desconocida», dicen.

Esa es la justificación para su petición al juez Eloy Velasco : «Conocer al pagador y/o sociedad en que las citadas empleadas domésticas fueran asalariadas y/o trabajadoras, serían datos que podrían verter luz acerca de la forma de pago a las mismas»: una tenía 54 años y otra 69 y ambas estaban empadronadas en el domicilio de los González Cavero.

En su petición, los agentes dicen que sería conveniente saber si los pagos están declarados o si se hacían con fondos de origen desconocido que podrían corresponderse con «el dinerillo B». Los datos de las dos empleadas se volcaron en la secretaría del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional.