Forcadell intenta burlar la suspensión judicial del pleno de la independencia

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Apenas unas horas después de que el PSC presentase ante el TC un recurso de amparo, en el que denunciaba la vulneración de derechos que supondría la celebración del pleno previsto para el lunes, el TC llevaba a pleno el recurso y resolvía en tiempo récord y sin fisuras la cuestión: esta convocatoria no solo atenta contra los derechos de los diputados constitucionalistas y de los ciudadanos que los han elegido, sino que lo que de ella se derive podría afectar a la «aplicación y eficacia» de la Carta Magna. Se trata de una cuestión jurídica relevante, con enorme repercusión social y con unas consecuencias políticas generales, señala el órgano de garantías.

El TC justifica la suspensión inmediata en que en este caso concurre «la urgencia excepcional » a la que se refiere el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC (LOTC), pues el acuerdo impugnado «produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo». Ese artículo señala que en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales «podrá efectuarse en la resolución de admisión a trámite».

También es innegable, a juicio de los magistrados, la « especial trascendencia constitucional » del recurso de los socialistas catalanes, porque la cuestión planteada «puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución» además de tratarse de una «cuestión jurídica de relevante repercusión social y con consecuencias políticas generales».

Ante la posibilidad de que la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, vuelva a desoír al TC (la última vez que lo hizo motivó una querella de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación y desobediencia), los magistrados van más allá y declaran « radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada». Dicho de otro modo, si los independentistas traspasan la línea roja y culminan este órdago con la declaración de independencia, esta será nula.

Como en resoluciones anteriores, el pleno del TC vuelve a hacer un apercibimiento expreso a Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa parlamentaria, a quienes advierte de su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En caso contrario pueden incurrir en responsabilidad penal, avisa.

No fue este el único varapalo que los tribunales asestaron ayer al Parlamento de Cataluña y la Generalitat. En sendas resoluciones, la Sala Civil y Penal del TSJC desestima los recursos de ambos órganos y confirma su decisión de seguir adelante con las querellas interpuestas por la Fiscalía: una, contra Forcadell y la Mesa (por prevaricación y desobediencia), y la otra, contra Puigdemont y su gobierno (por estos dos delitos más malversación).

La reacción de Forcadell a la suspensión del pleno parlamentario fue, en primer lugar, sorprendente , ya que aseguró que todavía no se había convocado «formalmente». Sin embargo, el PSC acudió al TC tras la aprobación de su convocatoria en la Mesa del miércoles, una decisión que los servicios de prensa del Parlamento autonómico informaron a todos los medios de comunicación (a las 18.15 horas) y la misma Forcadell había anunciado por Twitter a las 16.26 horas.

Al margen de esta reacción inicial, Forcadell indicó que no permitirá que «un tribunal» diga de lo que se puede debatir, o no, en la cámara catalana y defendió que esta es «soberana» sin obediencia al TC. Pese a esto, ni confirmó ni desmintió que el pleno del lunes 9 de octubre se vaya a celebrar, pues en la dinámica de desobediencia la idea de no hacer caso al TC está sobre la mesa. Ahora bien, en caso de que Junts pel Sí y la CUP sigan adelante con su estrategia inicial, el pleno –en caso de celebrarse– sería con medio hemiciclo vacío ya que la oposición no acudirá a la llamada.

Para evitar este nuevo enconamiento, a media tarde de ayer, CSQP –que incluye a Podemos– y Joan Coscubiel a informaron de que acababan de registrar una petición de comparecencia de Puigdemont para sortear la prohibición del Alto Tribunal, en base al artículo 169 del reglamento parlamentario.

Esta «propuesta» de comparecencia de Puigdemont, Coscubiela la plantea para « dar cuenta de la situación política de Cataluña después del 1 de octubre y proponer las medidas políticas que considere necesarias».

De manera urgente, Forcadell deberá convocar a la Mesa para dar trámite a esta petición, que todo indica será aprobada y esquivará, en principio, la suspensión del TC.