Gallardón: «El Gobierno de Rajoy no interferirá en la actuación de los fiscales»

—Quiere «regenerar» la Justicia. ¿Cuál es su diagnóstico?

—El problema de la Administración de Justicia es estructural, de gestión, no de personas. Esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es que si el problema fuera de incapacidad de sus protagonistas, no tendría remedio. La parte negativa es que tenemos un esquema de funcionamiento heredado de los siglos XIX y XX y, amparándonos siempre en que la calidad humana de los jueces sería capaz de superar la deficiencia orgánica del sistema, no hemos abordado el problema desde la Transición y en todos estos años de democracia.

—¿Conseguirá el consenso que pretende en torno a sus reformas?

—Lo voy a intentar con intensidad porque en un régimen democrático como el nuestro no es bueno que cada cambio de gobierno suponga un cambio de modelo judicial. Si después del intento no alcanzo el consenso y fracaso, eso no me va a detener en la puesta en marcha de las medidas. Mi compromiso es con los ciudadanos, con los que hemos firmado un contrato, que es nuestro programa electoral. No sólo nos han hecho ganar las elecciones, sino que nos han dado una mayoría suficiente para poder poner en marcha estas reformas.

—¿Le ha tocado bailar con la más fea en el Gobierno?

—Al contrario. En pocos ministerios con menos recursos se pueden conseguir más beneficios en la sociedad. En estos momentos están retenidos, pendientes de resolución judicial, decenas de miles de millones de euros. Son unos activos económicos muy importantes que, mientras no haya una decisión judicial definitiva, no van a formar parte de las inversiones de empresas y particulares ni van a generar riqueza y empleo. Otros ministerios necesitan recursos económicos para poner en marcha sus medidas. Justicia necesita gestión, capacidad para que esos conflictos se resuelvan en tiempo. Somos el único Ministerio que no tiene el pretexto de la crisis para cumplir sus objetivos.

—¿Entonces, no es incompatible tener poco presupuesto con acometer una reforma profunda?

—Los recursos que vamos a necesitar en esta legislatura los tenemos que generar nosotros y esa es la razón por la que he anunciado que el servicio público de Justicia tendrá plena accesibilidad en primera instancia pero que, si se pretende una revisión de la decisión judicial, si se discrepa de lo que un juez ha dicho, el usuario deberá hacer frente a los costes si el recurso no prospera. Creo que es un principio de equidad que garantiza la tutela judicial efectiva sin cargar contra el contribuyente una permanente litigiosidad muchas veces carente de cualquier probabilidad de éxito judicial. Y con esos recursos tendremos capacidad para abordar la modernización de la Justicia. No creo que necesitemos una modificación sustancial de los Presupuestos Generales del Estado para cumplir nuestros objetivos.

—¿Cómo valorará el Congreso el mérito y capacidad de los 8 vocales del CGPJ que le corresponde elegir?

—El principal problema de la Justicia en las últimas legislaturas ha sido la politización. Los ciudadanos perciben que muchas decisiones jurisdiccionales están condicionadas por el origen del nombramiento. Eso es perverso para nuestro sistema porque resoluciones acertadas y objetivamente justas tienen tacha de protesta por la opinión pública como consecuencia del vicio de origen de la composición del órgano, que se identifica directamente con los partidos. Ahí es donde tenemos que romper, conseguir la independencia en las decisiones de los órganos de gobierno y que los ciudadanos se queden plenamente convencidos de esa realidad. Por eso hemos adoptado el que a mi juicio es el sistema que quiso el legislador constituyente: ocho elegidos por el Parlamento y doce elegidos entre jueces y magistrados. Ahora bien, yo no agoto ahí la regeneración. Si nosotros mantuviésemos el mismo vicio de origen entre los ocho designados por el Parlamento habríamos hecho una reforma incompleta. Lo que yo he pedido en la Cámara es que esos ocho no sean repartidos por cuotas entre los partidos, sino que vistos los requisitos de idoneidad, crédito y experiencia nos pongamos de acuerdo. Esa es mi ambición: que haya ocho de todos, que sean representantes de todos. Habremos dado un paso de gigante.

—¿Piensa retomar el proyecto de Caamaño para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Cómo garantizará la independencia del fiscal si le entrega la instrucción?

—Tomaremos en cuenta los trabajos anteriores, pero el texto será nuevo. En cuanto al papel del fiscal, tenemos que ser muy prudentes. No podemos devaluar la figura del juez instructor, que ha sido un elemento de garantía para el procesado en España. Sí creo que tenemos que dar al fiscal un mayor protagonismo en la investigación, pero sin capacidad para limitar derechos y libertades. Esto quiero valorarlo con el CGPJ y con la Fiscalía General del Estado sabiendo que la transición a un modelo donde la investigación sea soportada por el fiscal y el juez instructor se convierta en un juez de garantías requiere un tiempo suficiente para adecuar las plantillas, y la inteligencia adecuada para que no se pierda una de las mayores garantías para el acusado en España, que es la tutela judicial.

—¿Una mayor autonomía pasa por tocar el nombramiento del fiscal general del Estado?

—Que sea el Gobierno quien nombre en modo alguno tiene que significar que el fiscal general no actúe conforme a la legalidad y con autonomía, como marca la Constitución. En primer lugar, el Gobierno tiene que seleccionar a la persona más adecuada (y creo que con Eduardo Torres-Dulce lo ha conseguido) y, en segundo lugar, respetar la autonomía funcional que el Ministerio Fiscal debe tener en todos los procedimientos. Los españoles tienen que saber que la actuación del Ministerio Fiscal es siempre una decisión profesional, no una decisión política marcada por el Gobierno. Y me he comprometido ante el Congreso que este Gobierno no interferirá en la actuación del fiscal.

—¿Va a regular la acción popular?

—No es algo que en estos momentos tengamos encima de la mesa pero sí es cierto que como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá que estudiar todas las acciones que pueden poner en marcha un procedimiento.

—¿Qué ventajas ve en habilitar el mes de agosto?

—Un país moderno, competitivo, no puede decir a los inversores que están dudando si localizar o no su actividad en España que cualquier conflicto que surja no tendrá una respuesta judicial efectiva si se produce en agosto. Eso es incompatible con la modernidad que nos hace ser competitivos. Dicho esto, tenemos que ser conscientes de cómo tienen que abordar determinados actores del mundo jurídico (pienso en los pequeños despachos de abogados y en los procuradores) una situación en la que no existe posibilidad de concentrar en un mes las vacaciones. Mi criterio: tenemos que dar una respuesta durante los 365 días del año a aquellos asuntos urgentes que requieran una intervención judicial y no podemos establecer una parálisis de 31 días. En agosto tiene que existir una posibilidad permanente de «guardia», de tal forma que determinados asuntos inaplazables por sus consecuencias económicas se resuelvan también durante ese mes. La antigüedad no puede ser el único criterio que marque la decisión de resolver un asunto. Vamos a introducir criterios complementarios, como su gravedad o su extraordinaria cuantía.

—¿Qué le parece que se haya facilitado el regreso a la carrera judicial y fiscal a quienes han hecho incursiones políticas?

—Voy a contestar con un relato personal. Soy fiscal en excedencia voluntaria. He estado ocho años en excedencia voluntaria mientras he sido alcalde de Madrid y antes otros ocho como presidente de la Comunidad. La ley me posibilita no sólo pasar a servicios especiales, a lo que tengo derecho en mi condición de diputado y ministro, sino que esa actividad administrativa tenga efectos retroactivos durante 16 años. Yo he renunciado a eso y no solicito mi reingreso con 16 años de antigüedad porque, al margen del derecho que me da la ley, no me sentiría cómodo conmigo mismo si incorporara a mi antigüedad a la carrera, con las consecuencia económicas que ello supone, el tiempo que he estado como alcalde o presidente de la Comunidad. Con ese relato se deduce perfectamente cuál es mi opinión.

—La vicepresidenta ha anunciado que se va a renovar el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo?

—Estamos a la espera de tener un interlocutor definitivo por parte del PSOE. Esto no es una crítica. Es absolutamente razonable que sea la nueva dirección que salga del congreso la que asuma la interlocución con el Gobierno. Inmediatamente después de la elección, el Gobierno iniciará las conversaciones.

—¿Es partidario de crear consejos autonómicos de justicia?

—Con los límites que establecen nuestra Constitución, la ley Orgánica del Poder Judicial y la sentencia del Tribunal Constitucional que analizó el Estatuto de Cataluña. La unidad jurisdiccional no puede ser quebrada, y el gobierno de los jueces tampoco. Y el CGPJ tiene competencias exclusivas y excluyentes en el nombramiento y en el régimen disciplinario de los jueces. Por lo tanto, dicho principio no puede romperse. Dicho esto, todo lo que signifique acercar la justicia a los ciudadanos y tener órganos próximos va ser apoyado por este Gobierno. Pero tenemos que ser muy conscientes de que las competencias del CGPJ no pueden ser transferidas ni delegadas a otros órganos.

—¿Buscarán fórmulas para conseguir que los condenados por corrupción devuelvan el dinero?

—En todo tipo de delitos, no sólo en los cometidos en el ámbito de la Administración, la reparación del daño causado debe ser una de las prioridades del legislador y constituir un elemento muy condicionante en el tratamiento penitenciario del condenado.

—¿Daña el «caso Urdangarín» la imagen de la Monarquía?

—Creo que debemos estar todos agradecidos a la formidable y constitucionalmente impecable respuesta que su Majestad el Rey dio a través de su mensaje de Navidad a cómo cualquier ciudadano tiene que afrontar sus responsabilidades judiciales.

—¿Cómo se puede evitar en casos como el de Marta del Castillo la sensación de desamparo ante la Justicia que tienen sus padres?

—Tenemos que realizar reformas no solo en la ley del menor sino en nuestro procedimiento. Uno de los problemas surge cuando se enjuician delitos graves cometidos por mayores y por menores. La diferenciación de procedimiento hace que muchas veces se incurra en contradicción. Debemos buscar y articular un sistema para el enjuiciamiento conjunto, garantizando siempre los derechos del menor, y evitar así que los mismos hechos puedan tener una calificación distinta en un procedimiento u otro.

—¿No es un poco arriesgado decidir la aplicación de la pena de prisión permanente revisable en función de la alarma social?

—Lo decidirán las Cortes mediante la reforma del Código Penal. Coincido con ustedes en que no debe ser el supuesto individual de alarma social el que determine una modificación de las penas; pero coincidirán conmigo en que cuando no es uno, sino una acumulación de hechos donde la sociedad y el mundo jurídico aprecian que hay una penalización insuficiente, sí debe aplicarse un tratamiento diferenciado. Debemos ser muy prudentes, pero muy firmes también. La impunidad perjudica a todos. Primero a la víctima, pero también a toda la sociedad. El cumplimiento de las penas que corresponden a determinadas conductas no puede ser indiferente al profundo dolor y daño causados. Y en estos casos, solo la constatación de una rehabilitación, de una auténtica posibilidad de reinserción social debe permitir que esa persona vuelva a disponer de libertad.

—¿Está pensando en casos como el de Marta o los niños de Córdoba?

—La respuesta no puede ir con nombres y apellidos, sino con tipos de conducta incluidos en el Código Penal.

—Volverán a establecer el consentimiento paterno para las menores que aborten. ¿Qué otras modificaciones van a introducir en la ley?

—El compromiso que hemos adquirido es que los padres no podrán quedar al margen de cualquier decisión de interrupción del embarazo en las menores. Recuperamos así el criterio que marcó en su momento el Constitucional, que ya ha estudiado la colisión de derechos que existe cada vez que se produce una interrupción del embarazo. Como anticipo diré que, en todo caso, el concebido será titular de derechos, y solo se podrá interrumpir el embarazo cuando la colisión de esos derechos con otros distintos no constituya una conducta penal; pero en ningún caso iremos a un sistema en que en razón del tiempo de la concepción, el concebido pierde el derecho a ser protegido por los poderes públicos.

—¿Marcarán los procesos a Baltasar Garzón un antes y un después para los jueces de instrucción?

—Cualquier resolución judicial, además de enjuiciar una conducta, establece unos criterios de futuro, máxime si la dicta el Supremo. La respuesta es sí.

—Ha dicho que el Gobierno no concederá indultos generalizados a etarras. ¿Puede haber alguna contraprestación por el hecho de que ETA haya dejado de atentar?

—No. Lo dijo rotundamente Rajoy. España no le debe nada a ETA y, por tanto, nada tiene que hacer por quien habiendo causado el mayor dolor que se ha causado nunca en la historia de España hoy dice que no va a seguir causándolo, pero no dice que desaparece como organización potencialmente capaz de cambiar esa decisión.

—¿Cree que ETA volverá a matar?

—Rezo por que no.