Un empresario admite un sistema institucionalizado para pagar mordidas a la trama Púnica

Cofely, una filial de la multinacional de energía GDF Suez , se encuentra en el epicentro de la red corrupta según los investigadores, y se benefició de millonarios contratos públicos por parte de numerosos municipios. Uno de los principales acusados de la causa, el empresario David Marjaliza , reconoció que presionó a los funcionarios para favorecer a esta empresa. Antiguo socio y amigo del supuesto cabecilla Francisco Granados, Marjaliza ha detallado al juez investigador gran parte de las irregularidades en busca de un pacto con la Fiscalía.

En su declaración, el antiguo directivo de Cofely relató el esquema irregular y se adentró en los contratos que la empresa obtuvo en los municipios de Móstoles, Collado Villalba y Parla . Por el caso de Móstoles está imputado el exconsejero madrileño Daniel Ortiz, quien maniobró para que Cofely se adjudicara un contrato de 73 millones a cambio de una mordida, según relató un antiguo edil que testificó.

El dinero efectivo para pagar las mordidas se conseguía a través de facturas falsas enmascaradas en una partida que acogía diferentes nombres, como «project management», según la confesión de García, que fue arrestado y paso un tiempo en prisión preventiva cuando estalló el caso, en octubre del año 2014. Los contratos sospechosos de eficiencia energética, una de los principales servicios que la Púnica utilizó para corromper a los funcionarios, sumaron en torno a 300 millones de euros, según los investigadores.

A este empresario le coge el relevo este jueves el también antiguo directivo de Cofely Constantino Álvarez, quien también ha solicitado de forma voluntaria declarar ante el juez y quien presumiblemente también revelará detalles de la trama de corrupción investigada. La primera ficha de dominó de Cofely que precipitó este reconocimiento de los hechos fue la declaración de José Antonio Hernández , el antiguo jefe de operaciones de la empresa de servicios energéticos. Hernández compareció y admitió las irregularidades en una declaración ante el juez el pasado 20 de diciembre de 2017.

El supuesto cabecilla de la trama Púnica es el antiguo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ex número dos de Esperanza Aguirre Francisco Granados , quien permaneció más de 32 meses en prisión preventiva para que no entorpeciera la investigación. Granados declara ante el juez el próximo lunes 12 de febrero a petición propia.