Trama Púnica

El Ayuntamiento de Valdemoro pagó un 2 por ciento del contrato de Cofely al socio de Granados

«No hubo mala praxis administrativa, sino comportamientos de corrupción», señala el juez Velasco

MadridActualizado:

El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) destinó el 2% de un contrato de 60,8 millones de euros adjudicado en diciembre de 2013 a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, a la confección de un estudio de consultoría que encomendó a una de las sociedades del presunto «cerebro» de la trama Púnica, David Marjaliza, que era socio del ex secretario general del Partido Popular madrileño Francisco Granados.

Así consta en el sumario del caso «Púnica», en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo califica como una «indiciaria distracción de caudales públicos» a través de la articulación de un «flujo de fondos» desde el consistorio a Ruta Energética S.L., «sociedad instrumental de la trama societaria de Marjaliza».

El magistrado desgrana las «prácticas irregulares» en materia de contratación que se desarrollaron desde junio de 2011 cuando el imputado José Carlos Boza Lechuga (PP) llegó a la alcaldía y durante las etapas anteriores, informa Ep.

«Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas, sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento», expone.

Contratos investigados

En relación con el contrato de eficiencia energética adjudicado a Cofely por valor de 60.839.705 euros, el magistrado desgrana que se destina un «2% (81.119 euros) de su importe anual (4.055.980 euros) a la confección de un estudio de consultoría» a Ruta Energética. «Presuntamente, los informes eran realizados por la propia Cofely, quien subcontrataba a otra empresa de obras y reformas de la misma trama de Marjaliza para realizar los reformados que se presentaban para su cobro al Ayuntamiento». Esta misma mecánica se repitió en los ayuntamientos de Parla y de Collado de Villalba.

El magistrado analiza también los contratos de las fiestas patronales que el Ayuntamiento concertó con la empresa Waiter Music desde 2011 hasta 2014, cuando estalló la operación, por cerca de un millón de euros; así como la concesión administrativa para la recogida de ropa usada de agosto de 2014, en la que sospecha que se dio información sobre el pliego a la red y «hubo conversaciones para ofrecer un premio o precio si se aseguraba su adjudicación a favor de la trama investigada».

«De forma significativa la adjudicación del contrato de Cofely se gestó con la participación de la compañía multinacional, en la propia redacción de los pliegos y en la valoración de la oferta», analiza el juez, para añadir que «se planificó de futuro la simulación y falsificación de los informes de consultoría, cuya facturación encubría un flujo de fondos que a cargo del Ayuntamiento se distribuirían entre los conseguidores de la trama».

Por todo ello, Velasco concluye que el comportamiento del que fuera alcalde Boza Lechuga satisfacen su descripción como partícipe de una trama de corrupción liderada por los ediles municipales de ese Ayuntamiento de Valdemoro y un grupo de empresarios locales que han incurrido indiciariamente en delitos de cohecho, malversación de caudales, falsificación, revelación de secretos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo y organización criminal.

En el «caso Púnica» se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal».