Cuarenta años borrando la presencia del Estado en el País Vasco

Vitoria ha ido variando la lista en los últimos años y avisa de que «nunca» las competencias pendientes correspondieron con «una foto estática». Ayer, en el 117 aniversario de la muerte de Sabino Arana, el líder del PNV, Andoni Ortuzar , tras quitar «hierro» a la enajenación de Loyola, insistía en que su único objetivo es la «construcción nacional».

El proceso de pérdida de poder del Estado en el País Vasco lo explica bien el exdiputado general de Álava (2011-15) Javier de Andrés, que fue también delegado del Gobierno con Rajoy (2017-18). Urkullu reclama competencias que el artículo 149 de la Constitución señala expresamente como «exclusivas» de la Administración central. Pero el PNV, con la «fuerza» de sus votos en Madrid, y a través de «triquiñuelas» como encomiendas de gestión o interpretaciones laxas de la ley, consigue rebañar cada vez más poder. Con permiso de Moncloa, claro. «Estamos hablando de transferencias constitucionales, no transferencias estatutarias», alerta De Andrés. «El Estatuto es una herramienta comercial que utiliza el PNV para que desaparezca la representación del Estado», añade.

Cinco meses después de que Sánchez fuera investido en junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para transferir al País Vasco el último tramo de la autovía AP-1 que era de titularidad estatal. Todo se fraguó en la comisión mixta de transferencias que no se reunía desde 2011, y nunca en suelo vasco. En 2019 le tocó el turno al tramo de la autopista AP-68. Se completó así el mapa de carreteras vasco, propiedad 100% de las diputaciones forales. La argucia de la operación la señala De Andrés: el Ministerio de Transportes de Ábalos solo tuvo que sacar del catálogo de la red estatal esas autopistas, ya no eran de interés general. El PNV empezaba a cobrarse el apoyo a la moción de censura contra Rajoy, que si bien en su mandato procuró una actualización generosa del Cupo (la cuenta por la que el País Vasco abona al Estado precisamente por las competencias no transferibles, como el Ejército), no concedió más poder autonómico en su mandato, defiende De Andrés.

En ese primer lote de Sánchez cayeron además dos líneas ferroviarias de mercancías. El PNV llevaba años presionando para asumir la gestión de los cercanías de Renfe que transcurren por suelo vasco. Pero aunque el Tribunal Constitucional abrió esa puerta, Sáenz de Santamaría no la cruzó.

Las instituciones vascas sí han logrado varias encomiendas de gestión para las obras del AVE. «Supongo que con el objetivo de que no aparezca el escudo de España», observa el entrevistado. Donde sí permanece el emblema es en los mojones de algunas carreteras vascas, antes del Estado.

Según el calendario pactado entre las dos administraciones, en octubre debería materializarse tanto el traspaso de los tres aeropuertos vascos, como el de los puertos de «interés general»: Bilbao y Pasajes. «Resulta que AENA, que opera en 29 aeropuertos de siete países extranjeros, no va a estar aquí», denuncia el exdelegado del Gobierno.

De Andrés está convencido de que Sánchez recurrirá a la misma treta: desclasificarlos como infraestructuras claves para justificar la entrega de su gestión a sus socios del PNV. «Tendrá cobertura legal pero, ¿cómo vas a explicar que el puerto de Bilbao no es de interés general?», dice lamentando que Aznar diluyera la representación del Estado en favor de las administraciones locales. Fue en el pacto con CiU.

El PNV espera hacerse con los dos Paradores Nacionales, incluido el que se ubica en el imponente castillo de Carlos V de Fuenterrabía. Urkullu defiende que la competencia de Turismo es exclusiva suya. «¿En qué punto del Estatuto se dice que el Estado no puede tener esa propiedad en el País Vasco cuando también tiene uno en Portugal?» , rebate De Andrés. Lo mismo ocurre con el Ente Vasco de la Energía: «Euskadi explota yacimientos de gas en Burgos y en Cantabria. ¿Entonces, tiene competencias energéticas allí?». También reclama una agencia vasca de Meteorología, romper Aemet.

Es la competencia más polémica de todas, más teniendo en cuenta que los presos de ETA acabarán concentrándose en las cárceles vascas. Cataluña es la única que la tiene transferida.

Es la madre del cordero, la única que el Gobierno excluye hoy. El TC ya sentenció que no se puede romper la caja única, tampoco hacer el traslado administrativo de los trabajadores. «El PNV ve el déficit tremendo de nuestras pensiones, no quiere la transferencia completa . Pero sí que el sobre que le llega al jubilado a casa vaya con el logo del Gobierno vasco», opina De Andrés. Ya lo ha conseguido con la gestión del Ingreso Mínimo Vital.